Un juez investiga anomalías en la adjudicación por Caja España de MSP, la mayor minera privada

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de León, Ireneo García Brugos, ha abierto, a petición del fiscal, diligencias penales por falsedad en documentos oficiales y mercantiles en la adjudicación de Caja España al industrial leonés Victorino Alonso de la mayor empresa minera privada del país, Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). El consejo de la entidad otorgó el paquete mayoritario de acciones de MSP a Victorino Alonso en la sesión del día 28 de septiembre con una simple explicación verbal del director general de la caja, Antonio Huertes.

Los miembros del Consejo de Administración de Caja España, mayor acreedor y accionista de MSP, no tuvieron ningún documento encima de la mesa para formar un criterio. Tampoco los pidieron, según declaró Huertes en el juzgado, asistido por el letrado José María Stampa Braun. El día anterior, las auditoras Arthur Andersen y McKinsey habían recibido el encargo de la dirección de la caja de analizar las dos ofertas, pero con instrucciones precisas de evitar un informe en profundidad de riesgos y de las garantías.A las contradicciones en las declaraciones judiciales del presidente de la caja y el director general de la entidad financiera en cuanto a la manera en que se presentaron las ofertas (el primero dice que en plica cerrada para su apertura por parte de los órganos de gobierno, mientras que el segundo dice en sobres abiertos, extremo este último en el que coinciden los propios solicitantes) se suma que en aquellas fechas -en el mes de septiembre-, Victorino Alonso estaba declarado como insolvente en varios juzgados de Leon. Este punto "jamás se estudió", aseguró el presidente de Caja España a EL PAÍS, "por carecer de importancia". En la primera semana de octubre pasado, Alonso sólo tenía en propiedad una moto, y en su supuesto domicilio de Madrid, el conserje, Alfredo Fernández, aseguraba desconocerle.

De la nada

En 1986, Victorino Alonso vivía de un sueldo. Desde entonces hasta hoy, con la compra de dos tercios de MSP, el 28 de septiembre, este empresario de 42 años se ha hecho con más de un tercio del cupo de carbón nacional (3,5 millones de toneladas). Los cupos para suministro de carbón nacional los otorga la Dirección General de Minas, del Ministerio de Industria, bajo una serie de requisitos, al ser un sector intervenido por el Estado con un suplemento de precio en el mineral del 30% (subvención).Industria, tras adquirir Victorino Álonso dos tercios de MSP, mostró cierto malestar, basado, según fuentes del ministerio, en la conformación de un monopolio en manos de un industrial acusado de fraude. Entre las eléctricas se respiraba el mismo ambiente. Unión Fenosa se ha querellado contra Alonso por un presunto fraude en la calidad del carbón suministrado a la central térmica de La Robla, de la citada eléctrica.

El ejecutivo más cercano a Alonso y su hombre de confianza es Juan Francisco Martín, quien fue durante 13 años subdirector general de Minas del Ministerio de Industria y es ahora director general de MSP.

El juez García Brugos comenzó la investigación sobre Victorino Alonso en 1988, tras un accidente minero, con dos muertos, en Antracitas de Busdongo, una mina a cargo de este empresario. Las familias de los trabajadores muertos no pudieron cobrar los más de 20 millones de pesetas de indemnización hasta hace un mes, porque Alonso era oficialmente "insolvente". En 1992, su ex mujer, María del Mar Blanco, y sus dos hijas interpusieron una denuncia en el mismo juzgado por incumplimiento del pago de la pensión.

El juzgado se ha visto imposibilitado para encontrar dinero con el que pueda responder el propio Alonso. Los titulares de los periódicos locales, anunciando avales de Victoríno Alonso en Caja España de 2.000 millones de pesetas, según el presidente de la caja, hacen que María del Mar, su ex esposa, se presente en el juzgado y pida al magistrado que tome cartas en el asunto.

Cinco días antes de la, adjudicación de MSP, el juez oficia a la entidad de ahorro más importante de la región y pide explicaciones de las informaciones de la prensa. El día 26, el presidente de la caja asegura en un escrito oficial que no hay ningún aval y que las ofertas están en plicas cerradas, por lo que desconoce si Alonso ha formulado alguna de ellas.

El juez espera entonces dos días más, y después de un par de horas de la adjudicación de MSP, con un auto de entrada y registro, requisa la documentación que posee Caja España sobre los bienes de Alonso. La documentación se traslada al Ministerio Fiscal, que pide la apertura de diligencias penales. Al día siguiente del registro en la caja, Alonso consigna al juzgado 31 millones de pesetas para solventar la indemnización de los dos fallecidos.

La aprobación del convenio de acreedores de MSP (2.600 trabajadores), el levantamiento de la quiebra dictada hace más de un año por un juzgado de Madrid y la entrega de las acciones de Caja España a Victorino Alonso inician un plan de futuro, con ayudas del Gobierno, entre quitas y subvenciones de 25.000 millones hasta 1997. La Junta de Castilla y León entregará hasta esa fecha 4.500 millones. Alonso irá a una ampliación de capital de 1.5100 millones antes del próximo 31 de diciembre, y 500 millones más antes del fin de 1995.