El PP acepta que una comisión investigue el 'caso Biomédica' en la Cámara regional

El Partido Popular de Castilla y León anunció ayer tarde que no se opondrá a la creación de una comisión de investigación en las Cortes regionales sobre el caso Biomédica, "porque no hay nada irregular que investigar", según afirmó su secretario regional, Jesús Merino. El dirigente popular criticó las manifestaciones realizadas por el secretario del PSOE en Castilla y León, Jesús Quijano, que en la tarde de ayer exigió, al presidente autonómico, el también popular Juan José Lucas, que asumiera sus responsabilidades políticas en el caso de la supuesta inversión fantasma de la empresa Biomédica.Merino presentó también un documento por el que el Ministerio de Economía concedió en julio pasado una subvención de 1.010 millones de pesetas a fondo perdido a la empresa Imaging and Aberdeen, por un proyecto para la ubicación de dos factorías en León de fabricación de sistemas electrónicos que hubieran supuestó la creación de 350 puestos de trabajo.

Este proyecto, según el PP, fue rechazado por la Consejería de Economía, por falta de garantías y en la actualidad, la empresa se encuentra envuelta, siempre según el secretario regional del PP, en un proceso judicial por quiebra fraudulenta. Según Merino, Felipe González debería asumir las mismas responsabilidades en este asunto que las solicitadas para Lucas en el caso Biomédica.

Sin embargo, según fuentes de Economía, todos los proyectos que solicitan incentivos regionales del Ministerio son presentados por las comunidades autónomas y no por las propias empresas, según la Ley 50/85 de Incentivos Regionales. En el caso de Imaging, la petición iba avalada por el informe favorable de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, Juan José Lucas dijo ayer en Segovia que las críticas del PSOE al proyecto de Biomédica "son los últimos estertores de un Gobierno que hace política de tierra quemada", informa Aurelio Martín. Lucas afirmó que "el PSOE es el partido que peores servicios ha prestado a la sociedad de Castilla y León, cerrando trenes y empresas, y apostando por el turismo de las macrocárceles".