Moreiras embargará los bienes hipotecados de IGS y UGT

El juez de Delitos Monetarios Miguel Moreiras piensa embargar los bienes hipotecados de IGS -sociedad gestora de la cooperativa PSV- y UGT para hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria de 65.000 millones de pesetas, fijada el lunes pasado en el caso PS V, según informaron fuentes próximas al juzgado. El auto, de momento, bloquea el plan de salvación de la cooperativa de viviendas que había recibido un soplo al autorizarse un crédito por valor de 9.200 millones de pesetas por parte del ICO y un aval de 8.300 millones del Gobierno.Los cooperativistas, en su gran mayoría apoyan la decisión del juez. Los letrados Joaquín Ruiz-Giménez y Juan Ramón Montero, que representan a las asociaciones de Valdebernardo (Madrid), donde no se ha construido nada, y de los dados de baja de PSV, respectivamente, entienden que la fianza les da la razón y demuestra que el juez estima que en el caso hay indicios serios de delitos graves. Los cooperativistas de promociones cuyas viviendas están casi acabadas consideran que la medida puede ser, contraproducente y estudian la presentación de un recurso al igual que lo hace UGT. Ruiz-Giménez tiene previsto contactar hoy con todos ellos para intentar unificar criterios sobre el caso.

Idéntica medida adoptarán los abogados de los cuatro inculpados a los que se exige la fianza (Carlos Sotos, que se encuentra en prisión, Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Francisco Hernández). Aunque no ha habido una cita específica, los letrados, que ya han estudiado el posible recurso, se suelen reunir para perfilar la estrategia conjunta. Marino Turiel, defensor de Paulino Barrabés, indicó ayer que el recurso debería presentarse el

[Títulos para impedir que se inicie el embargo. Sin embargo, hay discrepancias sobre si el juez tiene que esperar a la resolución del recurso o puede comenzar a embargar transcurrido el plazo de las 24 horas de constitución de la fianza. De hecho, en el caso de Javier de la Rosa, el inicio del embargo se ha producido a pesar de la interposición de recurso.

El embargo se iniciarla primero por los responsables directos (los cuatro ex directivos de PSV-IGS citados). Después, por este. orden, IGS, PSV y, finalmente, UGT, en el caso de que ninguno de los . anteriores tuviera bienes pura constituir la fianza fijada.

Recuperar el dinero

Nadie espera que de ser confirmada la cuantía de la fianza, el importe de la misma se deposite, en el juzgado. "Aunque efectivamente hay recursos, seguro que iremos al embargo", coinciden abogados de la acusación y la defensa. "Se embargará lo que se pueda: los terrenos de Marina Calvià, en Mallorca, el cine Alcalá... El dinero se ha esfumado y lo que es humo no se puede embargar", señalan fuentes próximas al juzgado.

"Lo único cierto en este caso es que los cooperativistas han entregado decenas de miles de millones de pesetas. Lo que no se conoce es dónde ha sido aplicado, precisan. Si se han comprado inmuebles, adquirido opciones de compra o pagado licencias que luego no se han cumplimentado, habrá que recuperar ese dinero independientemente de la sanción que se imponga", puntualizan las mismas fuentes.

Los 65.000 millones de fianza corresponden a los 49.000 millones de pesetas de perjuicios calculados a los más de 2.000 afectados personados en la querella criminal contra los gestores de PSV-IGS, incrementados en un tercio según establece el artículo 589 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El embargo de bienes hipotecados es perfectamente posible, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. De hecho, la hipoteca es una especie de embargo, que se ejecutaría con prioridad. Si después de ejecutada, quedasen restos, esos serían objeto del embargo propiamente dicho.

Por otro lado, el juez Moreiras considera que la instrucción del caso podría quedar concluida a, finales dé diciembre en el caso de que el fiscal y los abogados de la acusación y la defensa no realizasen nuevas peticiones de diligencias, según fuentes próximas al juzgado. El caso PSV ha tenido prioridad y si en octubre se paró, fue a petición de los abogados que tenían que atender a otros asuntos de sus despachos.

Carlos Sotos, el único acusado que permanece en prisión, pidió al juez Moreiras ser trasladado a la cárcel de Alcalá Meco para estar tranquillo y dedicarse a escribir. Miguel Moreiras contestó que sólo accedería a este traslado por estrictas. razones de seguridad.