La Generalitat reconoce que Javier de la Rosa se aprovechó del aval a Tibigardens

El consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra, reconoció ayer públicamente que Javier de la Rosa hizo un uso indebido y se aprovechó del aval a Tibigardens, sociedad promotora del parque de atracciones de Tarragona. El consejero admitió que, De la Rosa "bloqueó" temporalmente 1.000 millones de pesetas de los 10.000 avalados por el Parlamento de Cataluña, aunque advirtió que la totalidad del dinero acabó destinándose al parque.Alavedra se defendió de las acusaciones de negligencia e irresponsabilidad política lanzadas contra él por todas las fuerzas de la oposición, alegando que "desconocía la situación por que la Caixa de Tarragona dio información incorrecta". Aunque Alavedra no lo mencionó, queda implícito que Javier de la Rosa también facilitó información "incorrecta" a la Generalitat.

Según el político nacionalista, hasta el pasado 21 de junio desconocía que durante dos meses esos 1.000 millones de pesetas estuvieron inmovilizados en una cuenta en la Caixa de Tarragona. En esa fecha, afirmó, "encargué un informe a la Intervención General de la Generalitat".

Los 1.000 millones avalados fueron inmovilizados en diciembre pasado como garantía para obtener otro crédito de 1.000 millones, en este caso para Grand Tibidabo, empresa controlada por De la Rosa que ya atravesaba graves problemas financieros.

Alavedra negó que esa operación implicara un "desvío" de dinero del aval, "puesto que la empresa adjudicataria cumplió en todo momento con las condiciones de adjudicación y los créditos avalados se destinaron sólo a 11 construcción del parque". Este argumento no fue aceptado por la oposición que considera que existió un desvío, aunque finalmente fuera subsanado. En cualquier caso, Alavedra sí reconoció que "pudo haber puesto en peligro el proyecto de Tibigardens".

Alavedra afirmó que el desvío no llegó a producirse porque cuando Grand Tibidabo no pudo pagar su5 créditos, a finales de febrero, la Caixa de Tarragona concedió un nuevo crédito a Tibigardens que fue con el que finalmente se compraron los pagarés de Grand Tibidabo correspondientes al primer crédito. El consejero de Economía negó haber intercedido ante la entidad financiera para que facilitara ese nuevo crédito.

Alavedra señaló que la Generalitat controló siempre el destino del aval y que cada tramo que se otorgaba tenía un destino determinado. Precisamente, los problemas con el aval se produjeron desde el primer momento. A finales de 1992, cuando se formalizó el primer tramo de 1.500 millones de pesetas, De la Rosa quiso desviar 1.500 millones de pesetas hacia otras empresas suyas. El entonces consejero delegado de Tibigardens, Carles Vilarrubí, se negó a firmar el talón que autorizaba la salida del dinero y presentó su dimisión por vía notarial.