_
_
_
_
_
Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Rehabilitar la ciudad

Se desea, al parecer, dar un impulso a la rehabilitación urbana de este Madrid nuestro, precisado de tantas mejoras en todos los órdenes, comenzando por las que hacen falta en el centro histórico, al que quiere dársele especial protagonismo en esas actuaciones rehabilitadoras, las que, sin perjuicio de ello, debieran tener un alcance y unos objetivos más generales.Y se afirma también que constituye una mira prioritaria de esos planes de rehabilitación el impedir que los residentes del núcleo urbano resulten expulsados del mismo. Sin embargo, muchos de ellos han sido expulsados ya, a causa de políticas cuya sustancial corrección se presenta como claramente necesaria, si de manera sincera se persigue esa salvaguarda de los residentes.

A tal propósito, la rehabilitación así orientada puede conjugar múltiples flujos de recursos para acometerla, si bien existen toda clase de razones para que predominen las subvenciones, las bonificaciones fiscales y otras ayudas públicas, reforzadas con líneas blandas de créditos.

No faltan en otros países europeos positivos ejemplos de experiencias de rehabilitación urbana -ejecutada incluso masivamente- y que se ha costeado con cargo a fondos públicos. Así, los excelentes documentos de la Central Office of Information londinense acerca de la política social seguida en el Reino Unido a lo largo del presente siglo recuerdan que en aquel país, y en las tres décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, se rehabilitaron nada menos que cuatro millones de viviendas por medio de subsidios públicos.

En cuanto a posibles aportaciones de los propios residentes para la rehabilitación, cabe incentivarlas, pero no deben forzarse, y menos aún con onerosos recargos obligatorios. Requiriendo esa incentivación la estabilidad ocupacional de esos residentes, considerados en su dimensión familiar, e incluidos los que permanecen en régimen de arrendamiento.

Esto último es importante tenerlo en cuenta, por imperativos que no pueden ignorarse y aunque el hecho cierto es que los usuarios en propiedad y los usuarios en alquiler se encuentran muy entremezclados en la trama urbana y son muy pocas las fincas en las que hay únicamente arrendamientos antiguos, los cuales, no obstante, diseminados por toda la ciudad, cubren un amplio sector de población, que es, como bien se sabe, el de más baja capacidad económica.

Por lo que, en un marco de deseable estabilidad de los residentes, es factible -y es lo oportuno- desarrollar una estrategia que combine las dotaciones públicas, como principal instrumento, y una cierta contribución de los residentes mismos, en base a pactos negociados entre las partes implicadas, con apoyos financieros y fiscales que los estimulen.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Siendo, desde luego, indiscutible que, en la jerarquía de las atenciones presupuestarias de las administraciones públicas, los fondos para la rehabilitación han de ocupar un lugar de preferencia.

Carlos Alfonso es abogado urbanista.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_