Las revisiones del Supremo

La mayoría de los condenados a dos de los macrojuicios celebrados en España -el del 23-F y el del síndrome tóxico- vieron sensiblemente aumentadas sus penas cuando el Tribunal Supremo revisó las sentencias tras los correspondientes recursos.El Consejo Supremo de Justicia Militar condenó en junio de 1982 a 21 de los 32 acusados por la intentona golpista del 23-F, de ellos 11, a penas inferiores a tres años. Un año después, el 28 de abril de 1983, el Supremo elevó las penas a 22 de los juzgados. El caso más sobresaliente fue el de Alfonso Armada, cuya pena inicial de seis años pasó a ser de 30.

La Audiencia Nacional, tras más de 15 meses de vista oral, dictó sentencia en mayo de 1989 por el envenenamiento masivo con aceite de colza. Eran condenados 13 de los 38 encausados y sólo dos ingresaron en prisión. Las penas impuestas fueron leves excepto en tres casos. En abril de 1992, el Supremo cuadruplicó las penas a los principales responsables del envenenamiento. En nueve casos, hubo un endurecimiento de las penas.

Un caso similar es el del juicio por la rotura de la presa de Tous, que causó nueve muertos y 50.000 millones en pérdidas en octubre de 1982. Ocho años después, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a dos ingenieros a un año de cárcel y declaró al Estado responsable civil, condenándole a pagar 8.000 millones de pesetas a los damnificados.

En febrero de 1993, el Supremo ordenó repetir el juicio, por una irregularidad procesal: uno de los magistrados que firmaba la sentencia inicial de Valencia había firmado el procesamiento de dos inculpados. El nuevo juicio comenzó en el mes de octubre de ese año, pero debió ser anulado de nuevo.