Los socialistas rechazan el informe de la 'comisión Rubio'

El borrador del dictamen de la comisión Rubio elaborado por su presidente, el peneuvista Jon Zabalía, va a provocar fuertes discusiones en la reunión que hoy mantendrán los comisionados. En el documento se señala que Mariano Rubio hizo uso de información privilegiada cuando fue gobernador del Banco de España y que las responsabilidades de Carlos Solchaga, ministro de Economía, cuando ocurrieron los hechos, están "sobradamente depuradas" con su, dimisión como diputado y presidente del Grupo Parlamentario Socialista.Los socialistas sostienen que estas dos afirmaciones no se pueden desprender de las investigaciones realizadas por la comisión, y alegan que ni siquiera coinciden con las apuntadas en su día por el PNV, el Grupo Mixto y Coalición Canaria.

El PP, en cambio, exigirá responsabilidades políticas al presidente del Gobierno, Felipe González; al ex ministro Carlos Solchaga y a Luis Carlos Croissier, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. IU las pedirá de González, Solchaga y Miguel Martín, subgobernador del Banco de España.

El proyecto de dictamen elaborado por Zabalía no sólo no satisface a los distintos grupos parlamentarios, sino que puede ser fuente de conflictos de relativa importancia. Pero hay una parte de la que ninguno de los grupos disiente: el enriquecimiento ilícito y el incumplimiento de las obligaciones fiscales en que incurrió Mariano Rubio en 1986, cuando era gobernador.

La obtención de 115 millones especulando con la compra y posterior salida a Bolsa de la sociedad Sistemas AF, según admitió él mismo, se considera un hecho de extrema gravedad; lo mismo que la ocultación de esta suma de dinero a Hacienda, y el que, en años posteriores, parte de ese dinero fuera invertido en pagarés del Tesoro, activo financiero del que las entidades no tenían que facilitar a Hacienda la identidad de sus propietarios.

Información pdvilegiada

A partir de ahí empiezan las discrepancias. El dictamen señala prácticamente como probado el uso de información privilegiada y el trato de favor a familiares y socios de Rubio, pero, para el Grupo Socialista, esto entra dentro del terreno de las presunciones, ya que no se ha podido probar.

También indica el dictamen que el Fondo de Garantía de Depósitos incurrió en graves irregularidades en su funcionamiento durante aquellos años. Se refiere a la venta de sociedades, con créditos fiscales al tener pérdidas que podían compensar beneficios futuros, a precios muy inferiores a los que cabría haber exigido; a la venta de una sociedad de estas características al propio presidente de la comisión gestora del fondo, Juan Antonio Ruiz de Alda, entonces subgobernador del Banco de España y fallecido en 1988, y a la venta de inmuebles a empleados del fondo o a terceras personas sin el debido control.

Donde también puede haber problemas es en el tratamiento que la comisión en su conjunto da a Carlos Solchaga. El Grupo Socialista considera que Rubio engañó a Solchaga y a González, y abusó de la confianza que habían depositado en él. Sin embargo, el proyecto de dictamen señala que las responsabilidades de Solchaga "están sobradamente depuradas con su dimisión". El PSOE quería que se concluyera que la dimisión no había estado justificada y constituía un exceso de celo de la política parlamentaria.