Unial entrego sus fondos de reserva por orden de Sotos

Antonio González Tascón, ex director comercial de la compañía de seguros Unial entre 1990 y 1992, y que fue despedido tras denunciar una serie de irregularidades, declaró en el caso PSV ante el juez Miguel Moreiras que Unial tuvo que hacer entregas mensuales de dinero, con cargo a sus fondos de reserva, por orden de Carlos Sotos, entonces presidente de IGS, o Fermín Bretón, asesor jurídico. Estos pagos, junto a los realizados para la adquisición de tres inmuebles, supusieron según un peritaje realizado más del 88% de las reservas de la compañía Unial.Las entregas de efectivo se realizaron de la siguiente forma: 50 millones en enero, 250 en febrero, otros 50 en marzo y 84 en junio. En julio, agosto y septiembre se pagaron también 250 millones a las empresas Tactics y Bulevar, vinculadas a las hermanas de Sotos, María Isabel y Cristina, por una campana de publicidad.

González Tascón, que fue despedido de Unial al mismo tiempo que Iñaki López, yerno de Nicolás Redondo, fue llama do por el juez Moreiras el pasado mes de julio. El día 29, el último laborable antes de las vacaciones de verano, realizó una compare cencia en el juzgado que se ha conocido ahora, en la que vertió duras acusaciones contra Carlos Sotos, su equipo y dirigentes de la UGT.

Además aportó una serie de documentos entre los que figura un informe sobre las irregularidades realizadas por IGS en Unial que fue presentado en la Dirección General de Seguros. Este Van Schouwen del caso PSV aseguró que Sotos y los directivos de IGS tomaban de hecho las decisiones en Unial, que provocaron el hundimiento de la compañía.

El juez Miguel Moreiras ha introducido preguntas basadas en la declaración de González Tascón en los interrogatorios de los implicados en el caso PSV, como Fermín Bretón o Francisco Hernández.

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Entre las acusaciones formuladas por González Tascón figura que durante 1992 Unial realizó, por orden de Carlos Sotos y con cargo a sus fondos de reservas, pagos para la adquisición de tres inmuebles que eran propiedad de IGS. Esto supuso que Unial agotó el 88,3% de sus reservas. Se trata del edificio de Alcalá 90, que IGS compró en 330 millones y vendió a Unial dos años después por 3.950 millones, que con gastos ascendió a 4.463 millones; un local en Infanta Isabel 7, que era propiedad de una sociedad vinculada a Sotos y se vendió por 114 millones más IVA, y otro local comercial en Jorge Juan 120, que fue vendido a Unial por 96 millones más IVA.UGT, según González Tascón, no pagaba las primas de seguros de accidente que tenía concertadas para sus afiliados lo que suponía que cada año Unial dejaba de ingresar 70 millones. IGS, por su parte, tampoco pagaba a Unial las primas de los seguros de producción de las cantidades anticipadas por los cooperativistas. IGS ni siquiera notificaba a Unial la existencia de los seguros por lo que la aseguradora no podía reasegurarlos y era IGS, y no Unial, quien extendía los certificados individuales de seguros a los cooperativistas.

González Tascón afirma que en diciembre de 1992 informó de todas las irregularidades a la ejecutiva de UGT, y al día siguiente fue despedido por Carlos Sotos. Tascón asegura que Paulino Barrabés encubrió la situación real de Unial descalificando la información facilitada por él. Sebastián Reyna, que sustituyó a Barrabés como presidente de Unial, tenía información de la situación de la aseguradora y le dijo a Tascón que no le Importaba que Unial perdiera 3.000 millones si el grupo ganaba 7.000.

Por último, el ex directivo de Unial afirma que Sotos simuló una ampliación de capital en esa compañía. Para ello ingresó 192 millones de la propia Unial y los sacó el mismo día. Por esa operación Sotos cobró 6 millones por gastos de gestión. La operación se hizo el 21 de diciembre de 1991 siguiendo las exigencias de la Dirección General de Seguros, pues Unial estaba incursa en causa de disolución y si no ampliaba capital la compañía había sido amenazada con ser intervenida. Además IGS no aportó 1.600 millones para ampliación de capital de Unial a finales de 1992, porque no hubo desembolso ni se amplió capital.

González Tascón confirmó que había sido llamado por el juez pero se negó a comentar el contenido de sus acusaciones contra Sotos y los anteriores directivos de IGS.