Destierro electoral

Juan Manuel Condado, un profesor residente y censado en Calahorra (La Rieja), fue obligado por un juez, en las elecciones al Parlamento Europeo de hace dos meses, a presidir una mesa electoral situada a 300 kilómetros de distancia. De nada le sirvió mostrar que estaba empadronado y censado en Calahorra. Al final prevaleció el que permaneciera en el padrón de su pueblo natal, Regumiel de la Sierra (Burgos).Hace dos meses ya desde que Juan Manuel Condado acudió forzado a presidir una mesa electoral en su pueblo natal, Regumiel de la Sierra (Burgos), pero sigue sin comprender por qué se sometió a tal imposición. Recuerda el encuentro de casi una hora que mantuvo con Javier R. Díez Muro, titular del Juzgado de Salas de los Infantes, para intentar convencerle de que la requisitoria para que presidiera la mesa de su pueblo carecía de sentido.

Juan Manuel salió de Regumiel a la temprana edad en que uno comienza a estudiar bachillerato. Hace de esto casi 20 años. Concluido el bachiller, se licenció en Filología Francesa y opositó con éxito a profesor de EGB. Desde hace años ejerce la docencia en un colegio público de Calahorra (La Rioja), población donde tiene acreditado su empadronamiento y acta censal, según los documentos que obran en su poder.

Pese a ello, el 23 de mayo recibió una notificación de la Oficina Electoral, de Regumiel de la Sierra en la cual le convocaban a presidir la mesa electoral de esta jurisdicción para las europeas del 12 de junio. Desde, el Ayuntamiento le avisaron con tiempo de que había sido llamado a cumplir sus obligaciones de ciudadano. Le daban de plazo hasta el 28 de mayo para recurrir.

Juan Manuel no entendía la razón de tal requisitoria, de modo que cursó el 26 de mayo una reclamación correspondiente ante la Junta Electoral de Zona de Salas de los Infantes donde alegaba que no procedía desplazarse hasta su pueblo natal, dado que su oficina electoral estaba radicada en Calahorra desde el día 22 de julio de 1993, según sendos certificados expedidos por el Ayuntamiento de Calahorra y la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de La Rioja.

De nada le sirvieron tantos certificados. Días después, el presidente de la Junta Electoral de Zona de Salas de los Infantes (Burgos), acordó no aceptar la reclamación sin más explicaciones. En la Oficina del Censo de Burgos figuraba un tal Juan Manuel Condado, a quien por la suerte que fuera le correspondía presidir la mesa de las elecciones.

Condado no se dio por vencido. Si él se había dado de alta en el municipio donde residía, no entendía cómo prevalecía el censo de su población natal. Figuraba legalmente en dos sitios diferentes, pero a efectos legales sólo valía uno de ellos. Llamó a la Oficina Central del Censo Electoral de Madrid, y todo lo que le dijeron es que la duplicidad en el censo "es un error administrativo muy corriente que debería estar resuelto en aquellas fechas", reclamó, pero de nada le sirvió."

Eso me dio pie a indagar en la duplicidad del censo y sacar la conclusión de que la mayoría de la gente originaria del mundo rural está doblemente censada. Me han dicho que los pequeños ayuntamientos se resisten a dar de baja a la gente porque cobran en razón al número de sus habitantes censados", dice Condado, con cierta exasperación.

Ninguna de sus reclamaciones telefónicas ni por escrito prosperaron, de modo que se presentó en el Juzgado de Salas de los Infantes para intentar convencer al juez de palabra de la sin razón de su requisitoria. "Estuve una hora hablando con él, pero no hubo manera", recuerda. El juez ha declinado responder a un requerimiento telefónico para que diera su versión.

El caso es que Juan Manuel, empadronado y censado en Calahorra (La Rioja), se vio conminado por el juez, bajo amenazas de arresto mayor o multa de 30.000 a 300.000 pesetas, a trasladarse de su domicilio habitual a otra localidad, situada a unos 300 kilómetros, para presidir una mesa electoral durante la jornada de los comicios, al Parlamento Europeo, por culpa de los errores del censo.

"¿Este es un país europeo? ¿Con atropellos a los derechos de los ciudadanos como éste, donde un juez no da explicaciones a su decisiones y no escucha las razones que uno elega? ¡Vamos, hombre! Me dieron ganas de recurrir, los tribunales, pero de qué me iba gastar dinero en abogados par: esperar diez años a que dilucidaran si me amparaba o no la ley ¡Esto es tercermundista!".