"Estoy dispuesto a negociar"

Manuel Chaves ha invitado a sus nuevos consejeros a que pasen todo el tiempo posible en. la calle. Pregunta. ¿Hasta que punto ello supone una autocrítica hacia el comportamiento anterior de su Gobierno?

Respuesta. Este Gobierno tiene que tener como cometido ser transparente ante los ciudadanos, no sólo en las decisiones que adopte, sino en la capacidad de transmitir esas actuaciones. Debe estar en contacto diario y continuo con la gente de la calle. El Gobierno es consciente de que sólo está sustentado por una mayoría minoritaria y por lo tanto tiene que tener una gran capacidad de negociación y entendimiento. Pero eso no va a depender exclusivamente de la predisposición del Gobierno, también de que ese mismo ánimo esté en los grupos de la oposición. Pueden tener una tentación, que creo muy peligrosa, y es que con la intención política de desgastar al PSOE traten en el Parlamento de bloquear la acción de Gobierno. Si la oposición cae en esa tentación, lo que. tiene que buscar es un acuerdo para gobernar. P. Hasta ahora los intentos de acuerdo han sido imposibles en en temas como la investidura o la televisión autonómica (RTVA). R. Creo que ha habido un gran problema. El acuerdo previo entre el PP e IU ha impedido que se pueda llegar a un consenso mucho más amplio. Me preocupa que bajo el eufemismo de la regeneración institucional se pretenda excluir a los socialistas. P. Declaraciones suyas como que no pensaba cambiar ni una coma de su discurso de investidura tampoco parecen haber contribuido al entendimiento. R. Pero eso es absolutamente lógico. Dije que no estaba dispuesto a modificar mi discurso por un voto, a entrar en un chalaneo para propiciar que alguien cambiara su voto. Eso no es serio. Sí estoy dispuesto negociar mi discurso de investidura y mi programa en aras a un acuerdo estable que favorezca la gobernabilidad y suponga mayor estabilidad política, teniendo en cuenta lógicamente que el eje de un proceso de negociación debe estar, sobre la base del programa electoral que ha sido más votado. P. ¿Piensa abrir nuevas conversaciones con la oposición? R. Creo que se debería iniciar un proceso de conversaciones con IU. Yo he hecho una oferta de Regar a un acuerdo estable que no tiene por qué ser un pacto de coalición ni de legislatura, sino un acuerdo sobre un calendario legislativo. IU tiene la posibilidad de mantenerse en una política de desgaste del PSOE o por el contrario tratar de lograr en Andalucía una experiencia de Gobierno entre dos fuerzas de izquierda. P. Después de la pérdida de la mayoría absoluta usted ha planteado un impulso autonómico. R. Las reivindicaciones que ahora he planteado ya las hice en la legislatura pasada. Siempre he defendido que es bueno un clima de colaboración entre las administraciones, pero que ello no me iba a impedir reivindicar las competencias que considerase necesarias y creo que efectivamente ha habido lentitud y retraso en el traspaso, y por ello lo he vuelto a plantear con mayor énfasis. Hay que aligerar y presionar para que las transferencias se hagan lo antes posible. P. De las competencias reclamadas para Andalucía ¿cuáles considera más urgentes? R. Aparte de las de las confederaciones hidraúlicas, dos muy importantes: las medidas de fomento de empleo del Inem y el PER. Y algunas más que están en negociación, como los bienes materiales de Justicia, instituciones penitenciarias, costas y puertos. P. El año que viene expira el acuerdo de cesión de 15% del IRPF. ¿Cree conveniente el mantenimiento de esta fórmula? R. En estos momentos no se puede hablar de cesión de impuestos hay una participación de los ingresos en función de lo que se recauda en cada comunidad autónoma y hay que seguir avanzando en esa fórmula. Los grupos de la oposición no han mantenido una actitud rigurosa sobre el 15%. Creo que es una fórmula favorable a los intereses de Andalucía, porque es una de las comunidades que más dinero recibe, pero es un tema abierto. Hay que avanzar en la búsqueda de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y tratar de fijar una posición común de todas las fuerzas políticas sobre tres bases: corresponsabilidad fiscal, solidaridad que permita la nivelación de los servicios básicos de todas las comunidades, y suficiencia económica para el sistema sanitario.