Problemas jurídicos retrasan el traspaso de Gillette a sus trabajadores

Problemas técnicos y legales provocaron ayer el aplazamiento de la firma definitiva del acuerdo por el que la fábrica de la multinacional Gillette pasará a los trabajadores a cambio de 100 millones de pesetas para que la misma plantilla produzca elementos plásticos para la canalización de fluidos especiales. Tanto empresa como trabajadores aseguraron que los aspectos fundamentales están pactados y que el plan se ratificará hoy o mañana.Los puntos sobre los que ya hay acuerdo en Gillette son el precio, calificado de "simbólico" por la empresa, para los 55.000 metros cuadrados de las instalaciones de la multinacional en la carretera de Sevilla a Málaga, que queda en 100 millones, y en el aumento de las indemnizaciones a un mínimo 15 millones por trabajador, lo que supondrá a la multinacional norteamericana un coste de 380 millones más sobre los 3.500 previstos.

Los trabajadores también confirmaron el apoyo del nuevo consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Ramón Marrero, que ayer mismo mantuvo una reunión con los miembros del comité de empresa a quienes garantizó ayuda económica. La Junta tenía previsto aportar unos 500 millones cuando el inversor era el grupo catalán Index. Los trabajadores ratificaron que el proyecto de fabricación de conducciones de fluidos especiales es el mismo que el que iban a efectuar los mencionados inversores. Pero de este grupo sólo cuentan con la continuidad del director técnico propuesto, Juan José Guillén. El comité desconoce cuándo se iniciará la actividad que ocupará a los 245 personas afectados por el cierre de Gillette.

[Otro de los conflictos surgidos en la filial española de una multinacional, Santana Motor, sigue empantanado. Los trabajadores de la factoría de Manzanares permanecieron ayer encerrados en la misma y están decididos a seguir bloqueando su acceso durante agosto, informa Efe. La dirección comunicó al comité de empresa que aumentará las jubilaciones anticipadas de 15 a 22, mientras mantiene su decisión de dejar la plantilla en 189 y no 214 como exige el plan de viabilidad del Gobierno regional].