La expulsión de cuatro ediles de Leganés resucita la crisis en IU

Los cuatro concejales de IU de Leganés (176.000 habitantes) que el pasado mayo denunciaron en comisaría a sus otros dos compañeros de grupo por haber transferido los fondos comunes a la dirección regional han sido expulsados por el Consejo Político de IU-Madrid. La decisión fue adoptada tras escuchar el informe de la comisión de garantías democráticas, que reflejaba que los cuatro ediles deberían ser sancionados por haber violado reiteradamente el marco de organización interna, causando un grave perjuicio a la coalición. Según Antero Ruiz, responsable de organización y finanzas, "han violado ese marco al irse a los tribunales para acusar sin razón a dos compañeros como si fueran delincuentes".

Sin embargo, el Consejo Político, en su resolución, deja una posibilidad abierta para que Carmen Fernández, José Luis Moreno, José Núñez y José Pérez Galán sean readmitidos. Que renuncien de inmediato a sus actas de concejal y abandonen el cargo. Si no lo aceptan tendrán que pasarse al grupo mixto.

José Núñez y José Pérez Galán se enteraron de su expulsión por la llamada de este periódico. Para el segundo, la resolución responde a un consejo regional "de corte inquisitorial que recuerda a una época negra de España, reaccionaría para una organización de izquierdas". Núñez calificó de "auténtica aberración la resolución. Los otros dos ediles expulsados se encuentran de vacaciones. De momento, Núñez y Galán no piensan renunciar a su cargo de concejal, aunque aseguran que todo dependerá de la postura unitaria que adopten los cuatro.

Juez y parte

José Galán denunció que la dirección regional se puso desde el primer momento a favor de Eduardo Cuenca y Áurea Alonso, los ediles denunciados, que incluso admitió que Cuenca formase parte de la comisión de garantías democráticas que dictaminó su caso. "Se ha convertido en juez y parte de la crisis de Leganés", concluyó el edil.La crisis del grupo de IU de Leganés se abrió el pasado 17 de mayo, cuando estos concejales presentaron una denuncia en comisaría acusando de estafa y apropiación indebida a sus compañeros, por haber transferido días antes todos los fondos del grupo a la dirección regional. El juez encargado del caso archivó la denuncia al considerar que los denunciados habían cumplido con los estatutos regionales de la coalición. La fisura de los dos grupos de IU se ha dejado notar en los plenos, donde han votado de forma diferente y donde incluso han llegado a solicitar al alcalde que no concediera la palabra a sus opositores. Los cuatro denunciantes pertenecen a la corriente Nueva Izquierda. Para Ruiz, su expulsión cierra la crisis y "culmina un problema desagradable".