¿Y a mí quién me paga?

Si no le sobrase tiempo libre, hace mucho que Gonzalo López Rodríguez habría arrojado la toalla. Este maestro de 71 años se jubiló en 1987, y desde entonces está esperando que se le abonen. las cuatro pagas que le deben.

Gonzalo López ha tenido que llevar a la Xunta de Galicia a los tribunales. La ley estaba de su parte, pero la Administración central trataba de pasarle la pelota al Gobierno autonómico, y éste se desentendía. Tras mucho pleitear, consiguió que unos y otros admitiesen su responsabilidad y que desde Madrid se remitiese el dinero al Ejecutivo regional. La Xunta promete que le pagará en las próximas semanas.Se jubiló el día que cumplía 65 años. Poco después, leyendo revistas profesionales, cayó en la cuenta de que como profesor de EGB le correspondían cuatro pagas extraordinarias equivalentes al sueldo base con las que el Estado compensaba a los funcionarios que abandonaban su trabajo por razones de edad.

"Yo siempre he sido muy tenaz y de espíritu batallador", afirma Gonzalo López. Sin pensárselo más, consultó con un abogado y reclamó al Estado el dinero. Pronto descubrió que decenas de antiguos compañeros se encontraban en la misma situación, pero la suya fue una batalla en solitario. "Cuando te jubilas, cada uno se va un poco por su lado y es difícil hacer algo conjuntamente", explica.

Recurrió a Hacienda, a la Consejería de Educación de la Xunta, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y al Valedor do Pobo (Defensor del Pueblo). En las oficinas dependientes de la Administración central le remitían al Gobierno autonómico, y. allí le respondían que tenía toda la razón del mundo pero que el dinero debía pagarlo la Administración central.

Con el tiempo, acabó averiguando que en otras comunidades la justicia había avalado reclamaciones como la suya. Gonzalo López se fue entonces al Tribunal Superior de Galicia para presentar una demanda. Al principio confiaba poco, en una solución inmediata porque la Abogacía del Estado recurría por sistema. Sin embargo, en 1991 el tribunal le envió una carta anunciándole que el caso quedaba resuelto porque la Administración había desistido.

Gonzalo pensó entonces que al fin podría cobrar. Pero se encontró con la misma historia y tuvo que volver a recorrer varias veces el trillado camino entre la Delegación de Hacienda y la Consejería de Educación. Hasta que en abril pasado el Boletín Oficial del Estado recogió en letra impresa sus derechos. Su dinero y el de otros maestros sería transferido de inmediato a las comunidades autónomas, que se encargarían de repartirlo, entre los beneficiarios.

Gonzalo sigue sin cobrar y teme que la Xunta "desvíe el presupuesto para cualquier otra cosa". La Consejería de Educación trata de tranquilizarle. Un portavoz de este departamento le asegura que ya se han recibido los fondos de Madrid y que en las próximas semanas se empezará a pagar. A estas alturas, a Gonzalo lo que menos le importa es el dinero: "Se trata de hacer valer un derecho. Con lo que se han devaluado en siete años esas 260.000 pesetas y lo que me he gastado en abogados y procuradores, poco me va a quedar