La carga de la prueba

Entre la política y el derecho hay una clara frontera; esto es, contacto pero, sobre todo, separación. La política es la esfera de la incertidumbre. El derecho es, o al menos debe ser, la esfera de la seguridad. En la esfera de la política tienen lugar disputas en las cuales es incierto quién tiene la razón. En la esfera del derecho también se discute con frecuencia quién tiene la razón, pero esta discusión está siempre predecidida material o/y formalmente. La política es, pues, la esfera del enfrentamiento en la incertidumbre. El derecho es la esfera del enfrentamiento en la seguridad, es decir, de la disputa presidida material y/o formalmente, desde el punto de vista del contenido y/o procedimiento.Esta distinción no es sólo académica, sino que tiene una relevancia práctica extraordinaria. Cuando no se entiende adecuadamente, se acaban cometiendo errores, tanto políticos como jurídicos.

Algo de esto es lo que le viene ocurriendo al Gobierno y al partido socialista desde finales de 1989. Ha reaccionado jurídicamente cuando tenía que haberlo hecho políticamente, y a la inversa. Los resultados están a la vista.

Pero no es al pasado a lo que quiero referirme, sino al presente y al inmediato futuro, porque puede volver a incurrirse en el mismo error. Me estoy refiriendo a la política territorial del Gobierno y a los pactos con los partidos nacionalistas y en particular con CiU.

El Gobierno está reaccionando como si se tratara de una cuestión que tiene que ser dilucidada ante un tribunal de justicia. Que la oposición demuestre que no se está haciendo una política de Estado, sino que se está haciendo Una política parcial, que privilegia a determinadas zonas del territorio en detrimento de otras. En EL PAÍS del martes pasado, sin ir más lejos, aparecían unas declaraciones del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña, en las que "retaba" -a que alguien le demostrara que se había tomado una sola medida que beneficiara a Cataluña "sobre otras comunidades autónomas".

De esta forma de argumentar tendrá que hacer uso en su día el abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional en el recurso del 15% ' porque allí la cuestión se va a decidir con criterios jurídicos. Pero esa argumentación no vale en política.

El Gobierno no puede nunca, en una materia tan capital como es ésta de la estructura del Estado más importante, que, todas, que el paro, que las pensiones, que todas utilizar el argumento "que me demuestren". Es, él el que tiene que demostrar que su política no es una política parcial, que es una política general para todo el Estado.

En este terreno es él quien tiene que soportar la carga de la prueba. Es el Gobierno el que tiene que demostrar, esto es, mostrar públicamente, la política que está haciendo, despejando de esta manera las dudas que puedan tener los ciudadanos al respecto.

Ésta es la regla del juego. Y es una buena regla. La acumulación de poder en el Gobierno del Estado democrático de nuestros días y al margen no de discrecionalidad, sino de libertad de que dispone para hacer uso del mismo, exige que el Gobierno dé cuenta permanentemente a la opinión pública de la política que está haciendo. Éste es el mecanismo de control del poder más, importante del que dispone la sociedad. Si el Gobierno no lo entiende así, es que ha perdido el sentido de la realidad. Sus consecuencias ya se sabe cuáles son.