El Consejo del Agua aprueba el Plan Hidrológico Nacional

El ministro de Obras Públicas, José Borrell, logró ayer que el Consejo Nacional del Agua aprobara el Plan Hidrológico (PHN) tras una reunión que duró más de cuatro horas. De los 90 miembros del consejo, 53 dieron su sí, 18 el no y sólo uno se abstuvo. Entre los votantes en contra figuran las comunidades de Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, gran parte de los representantes de los usuarios y los ecologistas. Aragón votó a favor.En la antesala de la reunión presidida por José Borrell, varios usuarios y representantes autonómicos expresaron su rechazo al anteproyecto de ley que regulará la distribución y uso del agua. Manifestaron que exigirían que fueran sometidos a votación sus propuestas contra del plan. Pero Borrell sacó adelante el PHN sin que se llegara a esas votaciones. Sí se votó el informe global preceptivo para la remisión al Gobierno del anteproyecto, junto a un informe en el que se incluyen las propuestas, alegaciones y sugerencias presentadas a este plan hasta ayer. Además se incluyó en el acuerdo un tercer punto que concede un plazo adicional de siete días naturales a los consejeros de las comunidades autónomas para que incorporen más alegaciones. Nada de todo esto será vinculante para el Gobierno.Los ecologistas descalificaron el PHN porque no incluye un estudio sobre los regadíos. "Contiene un enfoque de oferta en la línea de la política hidráulica del franquismo, en vez de ser un estudio racional de las futuras necesidades de agua, el 80% de las cuales se destinarán a usos agrícolas".

El anteproyecto aprobado estima la transformación de un máximo de 600.000 hectáreas de secano en regadío en los próximos 20 años, el trasvase a cuencas deficitarias de 3.350 hectómetros cúbicos anuales y el establecimiento de un precio para el agua como instrumento para ordenar su demanda. La mayoría de los usuarios se oponen a la introducción de un precio al agua y las comunidades consideradas como excedentarias, Aragón y las dos Castillas, se oponen a los trasvases. En el caso de que éstos se aprobaran, estas comunidades proponen que se reserven unas reservas mínimas estratégicas por debajo de las cuales no se debe trasvasar agua, que se pague un precio adicional por ese agua trasvasada y que antes de proceder a, los trasvases se cubran y garanticen todas las necesidades de agua de las cuencas cedentes

"Ponerlos a todos de acuerdo es una tarea imposible", dijo Borrell al término del consejo.