La reforma de la Administración enfrenta al ministro Borrell con el vicepresidente Serra

La reforma de la Administración ha abierto un vivo debate en el Ejecutivo que enfrenta al ministro de Obras Públicas, José Borrell, con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Borrell, secundado por otros departamentos, pretende que la reforma se centre en aquellos ministerios que compiten con la empresa privada -los económicos-. Su propuesta es que, para ganar eficacia de gestión, hay que apostar por la estructura de las agencias. Serra, apoyado por los ministerios de Estado -Justicia, Exteriores, Defensa...- quiere que la reforma se oriente hacia todos.

El alcance de la reforma en la Administración periférica del Estado es otro frente de debate. Borrell, apoyado por algunos compañeros de gabinete, como el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, defiende un modelo más centralista y se resiste a una cesión de competencias a las comunidades autónomas, mientras otros ministros, como el de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, o el de Agricultura, Luis Atienza, defienden una importante descentralización con la garantía de una fuerte presencia del Estado en los territorios. De la resolución de estos debates dependen la aprobación de la ley de Organización de la Administración y de la ley de Gobierno, paralizadas desde hace años. El Gobierno pretende afrontar estas viejas tareas pendientes al regreso del verano.La reforma de la Administración es una tarea urgente que se le plantea al Gobierno para adaptarla al Estado de las autonomías, transferido ya a las comunidades autónomas un importante volumen de competencias. El cumplimiento de las previsiones del pacto autonómico de 1992 supondrá que en tres años la proporción de funcionarios entre las administraciones será abrumadoramente favorable a las comunidades autónomas sobre la Administración central y ayuntamientos: 6-2-2. Ello obliga al Gobierno a reformar la Administración periférica del Estado y a eliminar numerosos organismos obsoletos.

Debates vivos

Los primeros debates que ha abierto el Gobierno sobre el alcance de la descentralización han tenido gran viveza. La Comisión Delegada de Asuntos, Autonómicos ha sido testigo de duras discrepancias entre Borrell y Serra, en las que el ministro de Obras Públicas se ha resistido frente al vicepresidente del Gobierno a la modificación de las leyes de Costas y de Puertos así como a perder el hilo conductor en el reparto de los fondos de cohesión europeos. Ambas cuestiones -fondos de cohesión y leyes de Costas y Puertos- figuran en la plataforma que Convergència i Unió (CiU) negocia con el Gobierno. Borrell, aunque en solitario, también ha mostrado recelos al pacto del Gobierno con los nacionalistas de Jordi Pujol.

En el debate autonómico se han producido algunos alineamientos. Borrell ha contado con el respaldo del ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, quien, a su vez, ha defendido a capa y espada la no cesión del Instituto Nacional de Empleo (Inem). Serra ha obtenido apoyos de dos ministros especialmente sensibilizados con la autonomía: Jerónimo Saavedra, de Administraciones Públicas y Luis Atienza, de Agricultura, que antes fue consejero de Economía del Gobierno vasco.

Otro debate que enfrenta al Ministerio de Economía y Hacienda con una mayoría de departamentos es el intento de los ministerios de dotarse de mayor autonomía en el gasto interno. Esta acumulación de debates políticos ha impedido que los proyectos de ley de Organización de la Administración y del Gobierno, elaborados por el recién destituido secretario de Estado de la Administración Pública Justo Zambrana, hayan visto la luz.

El proyecto de ley de Organización de Administración elaborado por Zambrana pretendía no sólo incorporar la gestión a los departamentos con una mayor autonomía del gasto, sino que conllevaba la funcionarización de figuras como el subsecretario y los di rectores generales, y la potenciación consiguiente de los se cretarios de Estado como cargos políticos. Numerosos mi nistros se resisten a perder el margen de maniobra para nombrar altos cargos que con llevaría la funcionarización absoluta de los subsecretarios para abajo. El nuevo secretario de Estado de la Administración Pública, Constantino Méndez, defiende, en este punto, el modelo de su antecesor.

El proyecto se completa en la periferia con la potenciación de los delegados del Gobierno y la pérdida de papel político de los gobernadores civiles, que vendrían a asimilarse a los prefectos franceses; esto es, funcionarios de alto nivel que concentran todas las tareas administrativas dispersas en la provincia. La potenciación de los delegados de Gobierno se concretaría, en su posible asistencia a Consejos de Ministros, a las reuniones de las comisiones mixtas Gobierno central-autonómicos y a la constitución de un órgano de reunión periódica con el vicepresidente del Gobierno.