El juez Barbero cita a declarar como inculpado en el 'caso Filesa' al banquero Alfonso Escámez

El juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa, ha aceptado la solicitud del fiscal Antonio Salinas para que se llame a declarar como inculpado a Alfonso Escámez, ex presidente del Banco Central. La citación se ha concretado para el próximo jueves, día 7. Otros siete directivos de empresas que pagaron distintas cantidades de dinero a Filesa por la elaboración de informes inexistentes también han sido citados a declarar como inculpados. El largo procedimiento seguido en la instrucción del caso Filesa parece que finalmente empieza a concretarse.

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye las diligencias del conocido caso Filesa -posible financiación irregular del PSOE a partir de un conglomerado de sociedades que supuestamente elaboraban informes para otras empresas- decidió ayer acceder a la petición del fiscal y citar a declarar a ocho personas como inculpados por los presuntos delitos de falsedad de documento mercantil, apropiación indebida y delito fiscal.Entre ellos se encuentra Alfonso Escámez, presidente del Banco Central en el momento en que ocurrió el caso Filesa y en la actualidad presidente de Cepsa. Junto a él tendrán que declarar como inculpados Eugenio Marín, consejero delegado de Cepsa; Felipe Benjumea, ex presidente de Abengoa; Miguel Ángel Olalla, director de relaciones industriales de Abengoa; Julio Calleja, ex presidente de ABB; José Molina, ex presidente de Enasa; Francisco Javier Iglesias, vicepresidente de Asfaltos y Construcciones Elsah, y Diego Ramos, gerente de la empresa Camunsa.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso Filesa han mostrado su sorpresa por la decisión del fiscal de solicitar que Escámez -y el resto de personas llamadas a declarar- sea inculpado por estos tres presuntos delitos citados. Para estas fuente , el principal de los tres posibles delitos es el fiscal y éste, en principio, no existiría, ya que las empresas que pagaron a Filesa presentaron una declaración complementaria ante Hacienda en los primeros momentos de las investigaciones, lo que les exoneraría de ese delito.

Declaración complementaria

Efectivamente, distintas sociedades pagaron cantidades millonarias a Filesa por unos presuntos estudios que no han aparecido nunca y que nadie ha visto realmente. En concreto, el entonces Banco Central, hoy Banco Central Hispano, pagó 204 millones de pesetas por dos estudios; el BBV, a través del entonces Banco de Vizcaya, pagó 196 millones; Cepsa desembolsó 244 millones. Otras sociedades como FCC, ABB, Elsan, Pryca o Enasa pagaron por esos informes cantidades que oscilaron ligeramente por encima de los 100 millones y otras mucho menores.

Estas cantidades fueron inicialmente declaradas como gastos deducibles a efectos fiscales, y por eso los bancos y el resto de empresas presentaron una declaración complementaria para el pago de las cantidades no satisfechas en el momento en que se destapó el escándalo. El BCH abonó 85 millones de pesetas por el impuesto de sociedades e IVA; el BBV, 82 millones, y Cepsa superó ligeramente los 100 millones.

Según algunos medios, "el bien jurídico a proteger en este caso eran los ingresos públicos" y éstos se produjeron una vez que se presentó la declaración complementaria. Ésta es la tesis-elpago a Hacienda antes de iniciarse un sumario excluye de responsabilidad penal- defendida al principio sólo por Miguel Moreiras, juez de la Audiencia Nacional, a la que posteriormente se ha sumado Hacienda. No obstante, hay un auto de la propia Audiencia Nacional que discrepa de la posición de Moreiras y mantiene que la regularización no elimina el posible delito fiscal.

El posible delito fiscal cometido por estas personas como responsables de las sociedades que pagaron distintas cantidades a Filesa llevaba aparejada la falsedad de documento mercantil, ya que se emitió una factura que no reflejaba la realidad porque figuraba que a cambio del dinero se recibían unos estudios que no existían.

La petición del fiscal Antonio Salinas se produce a las pocas semanas del nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Carlos Granados, lo que parece haber supuesto un cierto nuevo impulso al procedimiento que lleva tres años instruyéndose. En los últimos días del pasado mes de abril declaraba Alfonso Escámez ante el juez Barbero y aceptaba que había "autorizado, aunque no ordenado" el pago de 204 millones de pesetas por dos informes.

Cambio de orientación

La decisión del fiscal, secundada por el juez, supone dar un paso importante, ya que por primera vez se decide calificar como posibles inculpados no sólo a las personas que recibieron el dinero pagado por las distintas sociedades sino también a quienes pagaron dichas cifras. De ahí la petición del fiscal para que se inculpe a Alfonso Escámez, Eugenio Marín, Felipe Benjumea, Julio Calleja, José Molina, Francisco Javier Iglesias, Miguel Ángel Olalla y Diego Ramos.

Sorprende, no obstante, que la lista se limite a estos ocho nombres cuando la relación de sociedades que pagaron dinero a Filesa es más extensa y figuran en ella personas de la misma importancia que otras a las que si se pide su inculpación. Por ejemplo, quienes ordenaron en el BBV, FCC y Pryca que se pagaran cantidades elevadas a Filesa por estudios que no aparecen, de lo que no se responsabilizan y que han quedado excluidos de esta petición de inculpación por parte del fiscal.