Sólo las rentas de viviendas y locales alquilados antes de 1965 subirán más que la inflación

Sólo la cuarta parte de las viviendas alquiladas sufrirán incrementos de renta superiores al IPC, según el articulado de la nueva ley de arrendamientos urbanos (LAU), aprobado en comisión el lunes y que mañana se someterá al pleno del Congreso. Según la iniciativa del PSOE, apoyada con matices por CiU e IU, sólo los contratos anteriores a 1965 -tanto de vivienda como de locales, tendrán que actualizar sus rentas de acuerdo con la revalorización del IPC desde el año en que se firmó el contrato. El PP defiende que la actualización de rentas afecte a todos los contratos.

En el pleno de mañana se esperan pocas sorpresas, dado el proceso de acuerdos al que han llegado la mayoría de los partidos políticos en el debate en comisión de una ley que afecta a 1,7 millones de viviendas. Salvo modificaciones posteriores en el Senado, los puntos fundamentales de la LAU para la vivienda serán los siguientes:-Duración de contratos. Los nuevos alquileres tendrán un año de duración, pero el inquilino lo puede prorrogar hasta cinco años.

-Subida de las rentas. Todas las rentas subirán según el IPC anual, independientemente de la fecha del contrato.

-Actualización de rentas. Sólo las viviendas con contratos firmados antes de 1965 -el 25,5% del total- actualizarán sus rentas para recuperar el aumento del coste de la vida desde la firma del contrato. La actualización se hará en un periodo de tiempo en función de las rentas familiares de los inquilinos.

-Periodos de actualización. Si los inquilinos tienen unos ingresos inferiores a 1,5 el salario mínimo interprofesional (1,2 millones de pesetas al año), la renta se actualizará en 15 años y el inquilino tendrá subvenciones oficiales. Si los ingresos están entre entre 1,2 millones y 2,9 millones, la actualización se hará en 15 años, sin subvención. Si los ingresos están entre 2,9 y 4,6 millones, el periodo es de 10 años y sólo de cinco si los ingresos superan 4,6 millones de pesetas al año.

La exclusión en la actualización de rentas de las viviendas alquiladas entre 1965 y 1985 (cuando entró en vigor la liberalización del decreto Boyer) es una de las pocas cuestiones en donde no hay consenso político, ya que el PP, según afirmó ayer su representante, Luis Ortiz, propone que se actualicen todas las rentas. El PSOE argumenta que a partir de la ley de 1964 ya había libertad para la revisión de los alquileres, pero el PP afirma que, en la práctica, se dan todo tipo de situaciones con jurisprudencia contradictoria por parte del Tribunal Supremo. "Incluso", dijo Ortiz, "hubo varias normas que limitaban el aumento de rentas".

Según los datos de Obras Públicas, el 54,5% de los contratos de alquiler son posteriores a 1965, pero el 35,6% de los mismos no tienen cláusula de revisión, y el 7,6% de los que la tienen, no la aplican.

La vía de ayudas a las familias de menores ingresos a través de subvenciones, como ha propuesto el PSOE, tampoco cuenta con el favor del PP que prefiere exenciones fiscales. Por lo que se refiere a los locales comerciales, la actualización de rentas afectará también sólo a las rentas anteriores a 1965. Si los inquilinos son personas físicas, hay un periodo de 15 años para que se pueda subrogar un hijo, independientemente de su edad. Pasado ese plazo, sólo se subrogará un menor de 25 años. Si el titular es persona jurídica, la extinción del contrato se hará en 15 años si las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas es menor a 70.000 pesetas anuales, si es entre 70.000 y 100.000 se hará en 10 años y si es de más de 100.000, en cinco años.