El gabinete doctor Navalón
En el anexo número 84/9 del informe de la inspección del Banco de España sobre Banesto, de 31 de enero de 1994 -dedicado al análisis de cada uno de los préstamos del banco bajo la administración de Mario Conde-, exactamente en la línea 21, hay una empresa que ha recibido 160 millones de pesetas: Euroibérica Internacional de Estudios. Según el análisis de los inspectores, Banesto tuvo que constituir, por las dificultades del crédito a la citada compañía, una provisión por la totalidad, es decir, los 160 millones de pesetas. La financiación crediticia de Banesto a Euroibérica Internacional de Estudios y otras empresas de Antonio Navalón, experto en imagen, asciende a unos 600 millones de pesetas. Las participaciones más significativas de Euroibérica se extienden a firmas como Imagen y Mensaje, Hispano Lusa de Publicaciones, ALM Consultoría y Gestión, Diario de Ávila, Soriana de Ediciones y Azoe. También posee relaciones con el Institutode Prospectiva Social.Al menos una parte de los créditos, según ha confirmado este cronista, fueron instrumentalizados por un director general adjunto de la entidad, Ramón Bustamante, que siguió "órdenes de la superioridad". Bustamante se ocupó durante algún tiempo de "operaciones especiales" de Banesto.
Antonio Navalón, ex periodista y especialista en relaciones públicas y políticas, asesoró en 1990 al entonces presidente de Banesto en la gestión de las exenciones fiscales que Banesto solicitaba al Ministerio de Economía y Hacienda para constituir la Corporación Industrial. Este cronista pudo saber a través de José Antonio Segurado, asesor de Conde, que el banquero habló ampliamente sobre las exenciones con el entonces secretario de Organización del partido socialista, Txiqui Benegas, quien a su vez se interesó por el asunto ante Solchaga.Poco después de la intervención de Banesto, Navalón se puso en contacto con un hombre del Banco Bilbao Vizcaya, el consejero director general Ángel Corcóstegui, con quien tiene buenas relaciones. Quería mantener una negociación con los administradores provisionales de Banesto capitaneados por Alfredo Sáenz. El mensaje: una parte de los créditos era el pago de servicios prestados. Otra parte se podía devolver. Navalón se ofrecía, pues, a renegociar.
Mario Conde presentó en persona ante Felipe González el proyecto de la Corporación Industrial, tras varias conversaciones con Benegas. Negoció mano a mano con Solchaga y, finalmente, obtuvo sólo una parte de lo que deseaba: frente a una propuesta de ahorro fiscal de 44.767 millones, se le concedieron 19.229 millones. Las plusvalías netas resultaron ser de 60.000 millones contra los 100.000 millones que Banesto esperaba.
Hasta ahora, Ricardo Gómez; Acebo, ex vicepresidente primero de Banesto, y Rafael Pérez Escolar, ex consejero, sostenían que el banco, a diferencia del resto de los miembros del sistema, no estaba involucrado en la trama de FiIesa. Sin embargo, precisamente cuando la justicia española está sentando una nueva doctrina en materia de prevaricación -casos de la construcción de Burgos y Juan Guerra, donde el que comete el delito es una persona privada como inductor-, el ex presidente de Banesto señala que su banco pagó 600 millones de pesetas para obtener las exenciones fiscales. Estos pagos, según parece, están registrados como créditos, lo que supondría, de confirmarse, un delito de falsedad en documento mercantil. Si son pagos políticos, ¿por qué aparecen como créditos? Los accionistas del banco tenían derecho a conocer la verdad que Conde y sus colaboradores le ocultaron en su día y que ahora intentan justificar presentándose como víctimas del imaginario sistema.
