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Casados, unidos, registrados o revueltos

La anunciada regulación de las parejas de hecho afecta a un 2% de los españoles, que conviven sin haber pasado ni por la Iglesia ni por el juzgado

La regulación de las parejas de hecho, anunciada la pasada semana por la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, es esencial para reconocer la existencia real de otro tipo de convivencias que no pasan por el matrimonio. Así opinan juristas y portavoces del movimiento gay. Alrededor del 2% de la población española convive en pareja en España sin el asentimiento del juzgado o la vicaría, según datos del censo de 1990. Pero el asunto no es sencillo y se presta a interpretaciones, dudas, defensas y críticas varias.Algunos juristas advierten que una total equiparación entre convivencia y matrimonio puede vaciar de sentido a este último. De hecho, muchos han empezado a preguntarse qué diferenciará a los casados por lo civil de los registrados; y otras parejas temen que la discriminación sea total si optan por no casarse ni registrarse. Los homosexuales temen que esa regulación les convierta en parejas de segunda categoría y siguen reclamando su derecho al matrimonio.

Ana y Carlos no están casados, pero se consideran a todos los efectos una familia: tienen un hijo de dos años y medio y un "proyecto de vida en común". "Que haya un papel o no, no cambia las cosa?, dice Ana. Sin embargo, ni a la hora de heredar los bienes de su pareja, ni de subrogar el alquiler de su vivienda o de acceder a una pensión de viudedad, por ejemplo, tienen ellos los mismos derechos que si existiera ese papel. Ambos, de 27 años, conviven desde hace tres y nunca pensaron en casarse. Ellos, como muchas otras parejas que no se han unido ante el altar o el juez, consideran esencial que la ley acabe con esta discriminación.

El seguro médico

"Cuando hemos buscado un piso para alquilar, a menudo nos han preguntado si estábamos casados. Sólo cuando decimos que tenemos un hijo, desaparecen todos los obstáculos, como si él fuera la garantía de nuestra estabilidad", explica, Ana. Para Carlos, "la ley, aparte de cuál sea mi compromiso, debe reconocer la validez de mi unión, porque mi familia y mi convivencia lo son tanto como la de un matrimonio".Ana no tiene derecho al seguro médico del colegio de abogados del que disfruta Carlos y tampoco lo tendría a una pensión si éste falleciera o se separaran y no dispusiera de otros ingresos. Su convivencia no se reconoce tampoco a la hora de solicitar un permiso laboral por enfermedad de la pareja.

Este reconocimiento es vital en el caso de las parejas homosexuales, que suponen alrededor de un 50% de la población homosexual, según datos de un reciente estudio francés. A Carlos Patiño, de 45 años, le preocupa que no le dejen velar en la cabecera de la cama de un hospital a su compañero, Ramón Linaza, de 37 años, seropositivo, si un día llega a enfermar de sida. Sólo los familiares tienen derecho a ello. Ambos conviven desde hace 14 años. "Él es mi vida, pero legalmente es como si no existiera", comenta Carlos. "Hasta ahora, no hemos tenido problemas, aunque no se puede estar dependiendo de la buena voluntad de los profesionales".

La aparición del sida es precisamente uno de los factores que más ha agudizado la incertidumbre de muchas parejas homosexuales estables, según explica Jordi Petit. "La ley anunciada por el Gobierno es fundamental para solucionar problemas como la subrogación de alquileres, la sucesión de bienes, el derecho a prestaciones de la Seguridad Social y la nacionalización de la pareja", explica. Éstos son los casos más frecuentes en la asesoría jurídica de la coordinadora.

Sin embargo, para los homosexuales esta regulación no basta. "Es un primer paso, pero nosotros queremos el derecho al matrimonio, como cualquier otra pareja", dice Ramón Linaza. "Tememos que la ley se quede en una regulación de parejas de segunda categoría", afirma Empar Pineda, que considera grave que no se contemple un reconocimiento específico del derecho a la patria potestad y a la adopción. "Es cierto que la ley permite que los solteros adopten niños, pero si el compañero que tiene un hijo fallece lo más probable es que su tutela pase a los abuelos o al familiar más cercano", explica.

"Me parece bien acabar con la discriminación, pero creo razonable que exista cierta restricción en un tema como la adopción", opina Elisa Veiga, juez de familia. "Por más registros que haya, siempre habrá gente que prefiera permanecer al margen. Lo fundamental es que los hijos sean todos iguales ante la ley y en este sentido no existen diferencias".

Para la abogada Consuelo Abril, la ley debe también proteger el derecho a una pensión compensatoria, tampoco reconocido en la actualidad. "En muchos casos que yo he tenido", explica, "una convivencia de años que se rompe deja completamente desasistida a la mujer que ha dejado de trabajar como consecuencia de esa relación y del cuidado de los hijos".

El matrimonio regula unos derechos, pero también establece unas obligaciones (fidelidad, mutuo respeto y ayuda, vivir juntos, actuar en interés de la familia) y algunos juristas se preguntan en qué lugar quedan con una regulación de este tipo. "Si la equiparación entre matrimonio y convivencia es absoluta, uno tiene la impresión de que algo sobra", afirma el juez de familia Jesús Gavilán. "La ley debe reconocer los derechos de la convivencia, pero siempre que no sean incompatibles con el matrimonio".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de junio de 1994