El Poder Judicial avala que los insumisos sean inhabilitados

Los insumisos no deberían quedarse sin carné de conducir, según el dictamen no vinculante emitido sobre el anteproyecto de Código Penal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido ayer en Bilbao. En cambio, el CGPJ avala que se suprima la pena de cárcel y que se sustituya por la de inhabilitación y la supresión de becas y otras ayudas del Estado. El CGPJ estima que la retirada de la licencia de conducir "no guarda relación" alguna con la conducta de insumisión, pero cree proporcionadas las otras medidas coercitivas, según informó su presidente, Pascual Sala.El grueso del dictamen no es especialmente crítico con el anteproyecto, ya que, a juicio de Sala, el dictamen de 1992 sobre el texto presentado por el anterior ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, sirvió para mucho". Dos temas adquirieron una relevancia especial en el encuentro con la prensa: la insumisión -negativa a hacer la ínifi y el servicio sustitutorio- y las consecuencias de elevar la mayoría de edad penal a los 18 años.

Sobre el primero, el dictamen considera acertadas las medidas coercitivas de carácter administrativo que refleja el anteproyecto, como la inhabilitación máxima de 14 años para cargo público y la imposibilidad de contar con becas y otro tipo de ayuda. Todo ello frente a las penas de privación de libertad que actualmente se aplican. Sala señaló que las precisiones del Consejo no son técnicas, sino que están "fundadas en criterios de solidaridad social".

"No es un trato cruel"

Preguntado si las medidas punitivas recogidas en el Código Penal reflejan las demandas de la sociedad sobre la insumisión, indicó que "estas penas son las más leves". Y añadió: "La pena de inhabilitación que señala el anteproyecto, sujeta al principio de proporcionalidad, y la privación de derechos no es un tratamiento cruel. Es una reacción muy de acuerdo con lo que se estima infracción de un deber jurídico, en este caso un deber de solidaridad".

El presidente del CGPJ añadió que, si no hay verdaderamente una razón ética e ideológica para acogerse al derecho a la objeción de conciencia, no hay por qué conceder un tratamiento privilegiado a lo que supone el desconocimiento de un deber que "puede merecer, y de hecho merece dentro del nuevo Código Penal, una reacción de naturaleza punitiva".

El otro tema que merece la critica del CGPJ es la atenuante genérica para los delincuentes mayores de 18 años y menores de 21. Sala indicó que dicha atenuante supone una "vulneración o desconocimiento" del principio de igualdad y "podría ser una discriminación". En todo caso, lo que sí demanda el Consejo tras la elevación de la mayoría de edad penal hasta los 18 años es la redacción de una Ley Penal Juvenil. "Es necesaria", dijo Sala.