Eligio Hernández asegura que el Gobierno recurrirá la sentencia que declara ilegal su nombramiento
Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado, se escudó ayer en su actual condición de "juez en ejercicio" para no hacer valoraciones sobre la sentencia de la Sala Tercera del Supremo que consideró ilegal su nombramiento, precisamente por no llevar 15 años de ejercicio como juez. Hernández afirmó que el Gobierno tiene voluntad de recurrir el fallo y mostró su conformidad con la decisión. El Ejecutivo, sin embargo, guardó ayer un espeso silencio sobre la sentencia, en tanto que la oposición celebró el revolcón judicial como "una muestra más de la falta de respeto del Gobierno por la legalidad".
En su domicilio de La Laguna (Tenerife), Eligio Hernández evaluó de forma lacónica la declaración de que su nombramiento fue ilegal: "La respeto", dijo, "pero no debo ser más explícito porque ahora soy juez en ejercicio". Según Hernández, el Gobierno le transmitió la intención de recurrir el fallo del Supremo cuando se conozcan todos los términos de la resolución. "A mí me parece bien, pero hay que esperar a estudiar el contenido exacto de la sentencia", agregó.El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, el más directamente concernido por la sentencia, se atrincheró en su habitual posición de no comentar decisiones jurisdiccionales y agregó que comparecerá en el Congreso si lo pide la oposición parlamentaria.
El PP acogió el fallo del Supremo como una demostración más de la "falta de respeto por la legalidad" del Gobierno de Felipe González y señaló al ministro de Justicia e Interior y a la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, como directamente afectados por la resolución. Ambos eran vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando informaron, en abril de 1992, a favor de la legalidad del nombramiento, lo que a juicio del PP les convierte en "cooperadores" del nombramiento ilegal.
"Hombre del PSOE"
Federico Trillo, responsable del área de Justicia en el PP, elevó el tono de las declaraciones al asegurar que el nombramiento "completa el cuadro histórico de Felipe González, que nombró a un bandolero para dirigir la Guardia Civil, a un corrupto para dirigir el Banco de España y nombró ilegalmente al fiscal del Estado". Trillo agregó que Eligio Hernández "nunca ha sido otra cosa más que un hombre del PSOE, usurpando la Fiscalía General del Estado".
Antonio Romero, de IU, acusó al presidente del Gobierno de prevaricación por mantener a Eligio Hernández en la Fiscalía General del Estado, a sabiendas de que el nombramiento no era legal, y descalificó personalmente a Eligio Hernández, al que tachó de "quitavergüenzas del PSOE", informa Raúl Limón desde Sevilla.
Las tres asociaciones de jueces y fiscales que impugnaron el nombramiento ante el Tribunal Supremo reaccionaron con más moderación, mostrando su satisfacción por el fallo pero lamentando que haya tardado dos años en producirse.
Luis Jordana de Pozas, de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal y de tendencia conservadora, afirmó que la sentencia "respeta el único requisito que establece la ley para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado". Este fiscal, cuyo padre, Jorge Jordana de Pozas, defendió ante el Supremo el recurso de dos de las asociaciones impugnantes, explicó que la nulidad del nombramiento de Eligio Hernández no afecta a las actuaciones realizadas por éste como fiscal general, en virtud del principio de conservación de los actos.
Resolución ineficaz
Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, subrayó que la sentencia sienta un precedente para que los tribunales puedan revisar decisiones políticas que contemplan una serie de requisitos, como en este caso, el de los 15 años de ejercicio profesional efectivo.
La dilación de dos años en resolver el asunto ha provocado, según Rodríguez Arribas, que la resolución sea "ineficaz", pero no "inútil", ya que "en lo sucesivo ningún Gobierno volverá a nombrar a un fiscal general de forma ilegal".
Arturo Beltrán, portavoz de la Union Judicial Independiente, (UJI) reclamó, en declaraciones a Europa Press, la dimisión de los vocales del Consejo del Poder Judicial que en abril de 1992 informaron a favor del nombramiento de Hernández como fiscal del Estado, incluido el presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala.
Antonio Gisbert, presidente de la Asociación Progresista de Fiscales, dijo que aunque su asociación no impugnó el nombra miento hay que lamentar la tardanza del Supremo en resolver el recurso, lo que demuestra que la Justicia "es lenta" y, en esta ocasión, "ineficaz", porque Hernández ya no está en el cargo.
