Berlusconi se niega a aplicar la sentencia que le obliga a pagar más pensiones

El Gobierno italiano de Silvio Berlusconi no tiene intención de aplicar, al menos durante los próximos seis meses, la sentencia del Tribunal Constitucional que le obliga a pagar atrasos sobre las pensiones de la última década que el propio Gabinete estima en unos 30 billones de liras (más de 2,5 billones de pesetas). "Han sido superados los límites en los que el Estado está en condiciones de soportar el pago de prestaciones asistenciales", se dice en un comunicado publicado el pasado jueves para dar cuenta de la decisión del Ejecutivo.El Gobierno ha dicho, pues, claramente que no tiene dinero para recoger la pelota que le pasó el INPS, el organismo gestor del sistema estatal de pensiones, en cuanto el Constitucional decidió, hace una semana, rechazar un decreto de 1983 por el que se suprimían los complementos de mínimos sobre la segunda pensión del beneficiario, aunque tampoco alcanzara el mínimo legal con su otra prestación.

La sentencia implica el pago diferido de todos los complementos no percibidos durante los últimos 11 años por un colectivo de entre 300.000 y 600.000 jubilados, según distintas estimaciones. La respuesta del Gobierno promete una reforma del sistema de pensiones que evite que estas situaciones puedan volver a repetirse, y no excluye que la sentencia se aplique en el futuro.

La negativa del Gobierno al Constitucional fue valorada como una señal lanzada a los mercados financieros, en los que Italia ha retrocedido seriamente durante la semana pasada debido a la desconfianza exterior sobre la capacidad de Berlusconi para contener el déficit. Contribuyen a esa desconfianza las primeras reducciones de impuestos decididas por el Gobierno, unidas al bloqueo de las normas previstas de flexibilización de empleo, porque las rechazan los sindicatos. El gabinete ha dado, en cambio, luz verde para que los ayuntamientos contraten globalmente 100.000 asalariados.