Los contratos de alquiler deberán ser registrados en un censo específico

Todos los contratos de alquiler que se realicen a partir de la entrada en vigor de la futura Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se deberán inscribir obligatoriamente en un censo específico. La medida afectará tanto a los contratos suscritos bajo esa ley como a los subsistentes en la fecha de su aprobación. Ésta es una de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario socialista al proyecto de ley de alquileres y que, en principio, cuenta con el visto bueno de varias formaciones políticas, entre ellas el Partido Popular.En el censo -dependiente de Obras Públicas- deberán inscribirse, en un plazo máximo de seis meses, los datos identificativos del arrendador y del arrendatario, de la renta del contrato, de la existencia o no de cláusulas de revisión y su duración.

El objetivo de este censo es controlar las ayudas (directas o indirectas a través de un cambio de fiscalidad) que la práctica totalidad de los partidos políticos solicitan para inquilinos y caseros. Este consenso político, del que tan sólo está fuera Izquierda Unida, se ha traducido en que las más de 400 enmiendas presentadas al proyecto de ley remitido por el Gobierno tengan bastante en común. No en vano, el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso se ha demorado tres meses, durante los cuales se han multiplicado los contactos entre los partidos políticos.

Amplio consenso político

Esa coincidencia se refleja en las líneas maestras del proyecto que defienden PSOE, PP y los partidos nacionalistas. Todos apoyan la actualización de las rentas de alquileres de viviendas y locales comerciales, la compensación a las familias con ingresos más bajos, la mayor libertad posible a la hora de establecer nuevos contratos sin que se disparen los precios, el recorte de las subrogaciones y la agilización de los procesos judiciales que rodean al mundo de los arrendamientos.

Estos paralelismos anticipan, según fuentes de diversos grupos parlamentarios, que el debate en comisión, que comienza el martes de la próxima semana, "será movido y de él saldrá el texto prácticamente consensuado".

Esas fuentes apuntan a que esa sintonía política dará como resultado un esquema de ayudas a los propietarios cuyos inquilinos tengan rentas bajas. El PSOE propondrá subvenciones directas, en tanto que el PP y los partidos nacionalistas defienden ayudas indirectas, mediante la suavización de las obligaciones fiscales de los propietarios. Otro aspecto del proyecto de ley que sufrirá cambios es el de la duración de los nuevos contratos. Ahora recoge una duración mínima de cuatro años, mientras que el PP propone que los contratos sean por un año, aunque estará en manos del inquilino prorrogarlo hasta un máximo de cinco.