Cinco ediles de Rivas denuncian al alcalde por el uso de 429 millones.

Cinco concejales de Rivas-Vaciamadrid -dos del PP y tres del Grupo Mixto, incluido el ex alcalde Eduardo Díaz-, han presentado un escrito en el juzgado de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, que preside el juez Miguel Moreiras, donde piden que se inicien acciones pertinentes en relación a los 429 millones de pesetas que entregó la cooperativa PSV al Ayuntamiento para la adquisición del suelo. Con la denuncia los ediles exigen que "se depuren responsabilidades por si pudieran haber cometido actos ilícitos el alcalde, Antonio Serano de IU, y el concejal de urbanismo, Pablo Font, del PSOE".En el documento, los concejales señalan que el interventor general del Ayuntamiento emitió un informe en octubre de 1993 en el que concretaba que en septiembre se habían pagado gastos corrientes con fondos afectados (a otro destino). Según este escrito, "a traves del Ordenador de Pagos se adivirtió que se podría cometer un delito de malversación de fondos, tipificado en el artículo 397 del Código Penal".

Los denunciantes destacan que el dinero pagado por PSV se ha destinado a efectuar pagos distintos a los determinados.