La ley eléctrica garantiza la recuperación anual de 69.000 millones de la inversión en nucleares paradas

El Gobierno garantiza la recuperación de, al menos, 69.000 millones de pesetas este año de las inversiones en las centrales nucleares hasta ahora en moratoria nuclear, que quedarán definitivamente paradas. Dicho importe, que se hará vía tarifa, aumentará cada año un 2% hasta la compensación total de la inversión reconocida (alrededor de 650.000 millones sin contar intereses) con plazo máximo de 25 años. Esta es una de las escasas novedades del nuevo texto de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico que el Gobierno tiene previsto aprobar, por segunda vez, el viernes. La nueva Ley consagra la separación jurídica de los negocios de producción y de distribución, que deberá hacerse antes del año 2000. Asimismo, mantiene la creación de un sistema independiente que podrá vender su energía al precio que pacte.

La Ley eléctrica -de 107 páginas- irá el miércoles a la comisión de subsecretarios para que cada departamento pueda aportar sus opiniones. El viernes la llevará al consejo de ministros el titular de Industria, Juan Manuel Eguiagaray. La elaboración del núcleo central de la ley corrió a cargo de Ramón Pérez Simarro como secretario general de la Energía siendo ministro Claudio Aranzadi. El texto inicial fue aprobado por el Gobierno el 2 de abril de 1993, pero la convocatoria de elecciones generales cortó el proceso para su aprobación por el Parlamento. El cambio de ministro y de secretario de la Energía (Luis Atienza) originó una revisión de la ley. Atienza la tenía prácticamente cerrada y pactada, pero su nombramiento como ministro de Agricultura ha supuesto que la pincelada definitiva la haya dado Alberto Lafuente. En este año largo, la estructura de ley sigue siendo la misma aunque ha cambiado en algunos aspectos. Además, se ha procedido a un nuevo intercambio de activos entre empresas, que mejora su situación.El nuevo texto relega la figura de las comercializadoras que suponía segregar la actividad de comercialización en las empresas generadoras. El nuevo texto únicamente faculta al Gobierno para regular la comercialización como actividad diferenciada "cuando sea aconsejable".

La ley consagra, no obstante, la separación de los negocios de producción y distribución. Ello obligará a que las actuales compañías eléctricas tengan que crear un segunda empresa. Precisamente, en este punto aparece otra novedad importante, que es que se fija en el año 2000 como plazo máximo para separar los dos negocios. Esta separación "permite", según la redacción, "remunerar adecuadamente la generación de energía, integrándola de tal forma que la liquidación en favor de los productores se trate nítidamente superando así el procedimiento de compensaciones entre empresas", como hasta ahora.

En el apartado nuclear, la ley ya concreta en 25 años, "a partir de la promulgación", el plazo máximo que tendrán las empresas con inversiones en centrales paradas (Sevillana por sus inversiones en Valdecaballeros, Iberdrola por las de Valdecaballeros y Lemóniz y Unión Fenosa por Trillo 2). Antes no se fijaban años. La re cuperación anual, que se hará mediante el 3,5% de la tarifa, empezará con 69.000 millones este año e irá creciendo un 2% al año. La deuda reconocida en esas centrales ronda los 351.000 millones en los dos grupos de Lemóniz, los 300.000 en los de Valdecaballeros y 10.000 en Trillo 2. Las empresas habían anotado en sus libros cantidades superiores, por lo que Sevillana tendrá que amortizar cerca de 100.000 millones sin recurrir a la tarifa. Iberdrola ya ha amortizado prácticamante todo lo no que tenía reconocido.

La ley permitirá, por otra parte, que las empresas saquen fuera de balance sus deudas por inversiones nucleares y puedan emitir títulos para amortizar.

Sistema independiente

La ley incorpora la posibilidad de que un productor pueda vender directamente a un consumidor. Para ello, el sistema eléctrico nacional comprenderá dos modelos: el integrado y el independiente. El integrado es el que conserva la calificación de servicio público y en él vierten todos los productores su energía para distribuirla y asegurar el suministro. Esta energía tendrá un precio fijo que será único en todo el país. En el sistema independiente, las condiciones se pactan entre las partes con el precio que quieran.La regulación del sistema la llevará a cabo una Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN) y todas las decisiones que se tomen pasarán por ella, desde la integración de energía hasta las contraprestaciones entre los agentes económicos. Tendrá como colaboradora una sociedad gestora de la explotación unificada, cuya existencia supone la derogación del decreto de constitución de Red Eléctrica, que tendrá que cambiar de normativa.

La ley respalda la cogeneración, que es que una gran industria pueda producir su propia energía por su propia actividad sin acudir al sistema. Esto permite ganar eficacia y frenar los posibles aumentos de tarifa. También permite la libre concurrencia de operadores.