Regulación de empleo en Santa Bárbara mientras negocia un plan de viabilidad

El Colegio Arbitral dictó ayer un laudo para la empresa Santa Bárbara en el que insta a las partes a negociar en un plazo de tres meses y acuerda la suspensión de empleo, en ese plazo, de hasta el 86% de la plantilla, formada por un total de 2.666 empleados. Mientras, el Ministerio de Trabajo ratificó ayer la concesión de un crédito a la planta de Santana en Linares (Jaén) de 6.800 millones de pesetas.

El porcentaje de plantilla al que afectará la regulación de empleo en la empresa nacional de armas de Santa Bárbara equivale, según el laudo dictado ayer, al grado de subactividad existente en Santa Bárbara a 31 de diciembre del pasado año.El Colegio Arbitral, formado por expertos, dictó ayer el laudo sobre el expediente de rescisión de contratos de Santa Bárbara y hoy será discutido en una reunión con las partes. En el acuerdo, de obligado cumplimiento, se deja constancia de la crítica situación en que se encuentra la compañía en materia económica, productiva, comercial y laboral, y se valoran los efectos sociales de las medidas para paliarlas.

El acuerdo insta a las partes a aplicar un plan de bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas que reduzca los excedentes finales de la compañía. Señala también la necesidad de activar nuevas oportunidades de diversifiación industrial hacia productos de uso civil. En este sentido, destaca el papel relevante que las comunidades autónomas deben a sumir en el proceso de ayuda a la empresa en este programa de diversificación. El plan propuesto por la dirección de la Empresa Nacional Santa Bárbara suponía el cierre de sus cinco centros de trabajo, con la pérdida de 2.070 empleos, lo que motivó la movilización de los trabajadores.

El ministro de Industria y, Energía, Juan Manuel Eguiagaray, declaró ayer al conocer el laudo que las partes en conflicto "deben iniciar un proceso de diálogo tendente a encontrar un acuerdo que permita el mantenimiento operativo de la empresa".

Por su parte, el secretario de la Federación del Metal de UGT, Manuel Fernández, Lito, valoró positivamente el dictamen del Colegio Arbitral. Fernández indicó que ya tenía noticias de que las pretensiones de la empresa y del Gobierno, que incluían el cierre de cinco de las nueve factorías (La Coruña, Oviedo, Granada, Toledo y Murcia) y el despido de 2.070 empleados, "no iban a ser aceptadas".

Plan de Santana

El ministro de Trabajo, de otra parte, confirmó ayer que la Dirección General de su departamento aprobó el plan de viabilidad propuesto por la Junta de Andalucía para Santana Motor en los mismos términos en que el Ejecutivo andaluz lo propuso. Con esta decisión, Trabajo da vía libre a la concesión de un crédito participativo a la empresa de Linares por valor de 6.800 millones de pesetas, destinado a normalizar la producción de la planta de automoción. El crédito será complementario con otro de la Administración central, por valor de 6.200 millones de pesetas, con lo que se completa el compromiso adquirido por los poderes públicos con Santana.