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Oleada de cartas de ETA exigiendo entre 50 y 100 millones a empresarios y profesionales de Madrid

Las fuerzas de seguridad creen que la campaña obedece a la asfixia financiera de HB y de 'Egin'

Entre 100 y 150 empresarios y profesionales, en su mayoría de Madrid, han recibido carta de ETA durante las últimas semanas. La organización terrorista les exige a cada uno cantidades que oscilan entre los 50 y los 100 millones de pesetas y les invita a "ponerse en contacto" con ella para satisfacer el pago. La mayoría de los destinatarios son personas de capacidad económica, aunque también hay figuras de relevancia pública. Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado que conocen esta campaña desde principios de mes y no dudan de que las cartas recibidas por los extorsionados proceden de la banda armada, a pesar de que la mayoría de los destinatarios viven en Madrid y no se ha descubierto misiva alguna en el País Vasco ni en Navarra.

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La exportación del chantaje se produce tras las acusaciones de los empresarios y de los políticos demócratas del País Vasco contra ETA, por contribuir a la ruina económica de Euskadi con sus exigencias del impuesto revolucionario. Ese proceso de críticas culminó con el compromiso adoptado por la patronal vasca para no pagar. Se agudizó durante los 117 días de secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, entre el 5 de julio y el 29 de octubre del año pasado.Otra diferencia con las campañas anteriores es de naturaleza formal: las cartas incluyen un sello realizado sobre uno de los símbolos de ETA poco habitual en anteriores misivas. A pesar de que estos detalles plantearon alguna duda en un primer momento, las fuerzas de seguridad del Estado dan por cierto que la oleada actual es obra de ETA. Entre los argumentos usados para la extorsión figura un asunto muy de actualidad: la corrupción. En la carta recibida por uno de los chantajeados se lee: "La clase económica y política a la que usted pertenece sigue amasando beneficios y promoviendo la corrupción para, en descarada connivencia con los diferentes sectores políticos en el poder y sectores de la burguesía regionalista vasca, arrojar sin escrúpulo alguno al paro y a la miseria a miles de ciudadanos vascos, dejando sin futuro a amplios sectores de la sociedad, y en especial a la juventud". Y añade: "Lo sucedido con el sector naval, el pesquero, el agrícola, AHV [siglas de Altos Hornos de Vizcaya] son prueba de lo que decimos".

El párrafo siguiente se refiere a la defensa de una "solución política negociada del conflicto" de Euskadi. E inmediatamente vienen la amenaza y la suma exigida: "Mientras esta situación de conflicto continúa, Euskadi Ta Askatasuna lo considera [a usted] objetivo en su accionar armado -con todo lo que esto conlleva- además de exigirle una primera devolución de 100 millones de pesetas [subrayado], ínfima parte, dicho sea de paso, de lo que usted ha sustraído a Euskal Herria. Para hacer efectivo el pago de dicha suma le invitamos a ponerse en contacto con nuestra organización". La mayoría de las misivas exigen 100 millones, aunque en otras se piden sólo 50.

Llenar las arcas

Fuentes de la lucha contraterrorista consultadas por este periódico confirman que tienen conocimiento de esta oleada de cartas desde principios de mayo. A su juicio, uno de los motivos de la campaña son las necesidades de Herri Batasuna, que necesita fi nanciar no sólo la campaña a las elecciones europeas sino, sobre todo, las autonómicas de otoño. La tesorería de HB se encuentra en situación desastrosa desde las anteriores elecciones al Parlamento vasco, celebradas en 1990, momento en que el aparato de tesorería redactó un informe a la dirección de HB en el que afirmaba textualmente: "La falta de recursos económicos ahoga la actividad política, con un panorama cierto de colapso si se mantienen las actuales condiciones". Desde entonces no sólo se ha agudizado el endeudamiento, sino que una empresa tan cercana a HB como la editora del diario Egin ha renovado gran parte de su equipo industrial, originándose cuantiosos gastos.El 20 de abril estalló una bomba en una oficina de Caja Vital en Salvatierra (Álava), dos días antes de que Herri Batasuna empezara a negociar su deuda de 140 millones con la citada entidad de ahorro. Jon Idígoras admitió que el atentado "es una circunstancia que concurre en todo este proceso de conflicto que tenemos entre Caja Vital y HB".

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