La Diputación de Barcelona denuncia el cobro de comisiones en Catrisa
El presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Manuel Royes, ha presentado una denuncia judicial para que se investigue si directivos de la empresa pública Catrisa cobraron comisiones ilegales de las sociedades a las que subcontrataron trabajos para elaborar el catastro. Catrisa, propiedad de esta diputación y del Banco de Crédito Local (con un 51% y un 49%, respectivamente), fue vendida en julio de 1993 al Gobierno de Navarra tras descubrirse un agujero de más de 2.000 millones.La Diputación decidió dirigirse al juzgado de guardia a finales de abril, después de que EL PAÍS publicase que varios empresarios del sector aseguraban que directivos de Catrisa les pidieron comisiones para adjudicarles los trabajos.
Las auditorías encargadas por la Diputación no habían descubierto irregularidades penales, aunque sí una evidente mala gestión. El consejero delegado de Catrisa, Máximo Loizu (concejal socialista de Ripollet) y el gerente Joan Morral (ex concejal por Convergència i Unió de esa misma población) abandonaron la empresa en 1990 y 1991, respectivamente. El gerente fue invitado a presentar la dimisión por el consejo de administración. Morral fue citado directamente como comisionista por algunos de los empresarios subcontratados.
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