Un debate con las tarifas como telón de fondo

La liberalización de las telecomunicaciones, sus condiciones previas y sus consecuencias vienen siendo objeto de debate y polémica durante las últimas semanas, como no podía ser menos dada la trascendencia social y económica de la cuestión. Sin embargo, llaman poderosamente la atención algunas opiniones, especialmente beligerantes, que, a partir de informaciones no enteramente exactas, vienen a añadir confusión en lugar de aclarar los términos del problema.En este contexto cabría situar el reciente artículo del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia titulado Por qué deben bajar las tarifas telefónicas, cuyo contenido es preciso aclarar y matizar, no tanto por la trascendencia de la opinión personal de don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como por el cargo que ocupa, ya que, si bien no se trata de un juez en sentido estricto, entiendo que por sus funciones como presidente de este órgano administrativo está obligado por la ley a respetar los principios de imparcialidad, independencia y deber de secreto, además de impartir justicia en litigios que pueden afectar a la propia Telefónica.

Mal se compaginan estos principios rectores con la aparición en prensa de reiterados artículos que parecen más motivados por ganar la opinión de los lectores y por hacer prevalecer sus opiniones personales -manejando para ello parcialmente los argumentos que mejor convienen- que por exponer la realidad de forma objetiva.

Además de realizar comparaciones improcedentes, resultan llamativas las inexactitudes contenidas en algunas de sus afirmaciones, derivadas en general de que éste utiliza aquellas que le vienen bien a sus tesis. Veamos algunas de esas medias verdades:

-"En Irlanda, las tarifas internacionales han bajado un 40% en cuanto ha entrado a competir otra compañía". Ésta es una afirmación cierta. Lo que no dice es que, por contra, el resto de las comunicaciones telefónicas han subido, tanto las de larga distancia nacional como las locales. De acuerdo con Tarífica -consultora británica especializada en comparaciones internacionales de tarifas-, el precio medio del minuto local se ha más que triplicado. Por otra parte, Irlanda sigue siendo un monopolio.

-"En el Reino Unido, el teléfono móvil ha bajado en enero un 20%", afirmación también cierta. No se dice, sin embargo, que en España también bajaron notablemente las tarifas de móviles en 1993, y próximamente, en la revisión de tarifas correspondiente a 1994, volverán a bajar.

-"En el Reino Unido, la tarifa local del teléfono ordinario en horas punta ha bajado un 25% en el pasado mes". Afirmación cierta, pero su razonamiento se construye sobre la idea de que la competencia permite tarifas inferiores frente a los países que están en monopolio.

Sin embargo, no dice que desde que se introdujo la competencia en el Reino Unido, BT (antigua British Telecom) ha tenido las tarifas locales más caras de Europa. Para hacernos una idea, una llamada media local en. España, que tiene una duración de 150 segundos, en el Reino Unido costaba 26,4 pesetas, y ahora, con la reducción, cuesta 17,6 pesetas, mientras que en España cuesta 8,72 pesetas también en horas punta. Si habláramos en términos de llamadas de tres minutos, que suele ser la comparación habitual, el diferencial sería mucho mayor.

Estos ejemplos (verdades a medias) los trae a colación el articulista al objeto de demostrar que "si ya hubiera competencia en las telecomunicaciones, en España no se hablaría de si deben subir o bajar las tarifas telefónicas, por una razón muy simple: estarían bajando". Pues bien, la experiencia internacional no confirma esta tesis. De acuerdo con el US Bureau of Labor Statistics, desde el 1 de enero de 1984 (fecha de la liberalización en Estados Unidos) hasta 1991, el precio del servicio telefónico total en EE UU creció un 20,7% con una subida de las tarifas de los servicios locales del 57,5%. Podría argumentarse que ese incremento nominal de los precios significó, de hecho, según la evolución del IPC en ese país, una reducción en términos reales. En efecto, en Estados Unidos, el precio real del servicio telefónico ha registrado una disminución del 1,5%, y ésta es justamente la bajada que se ha realizado en nuestro país en el mismo periodo. Con este tipo de argumentos, no parece que el articulista trate de ofrecer una visión objetiva del problema, sino que, a través de su utilización parcial, introduce un deliberado sesgo en su razonamiento.

Por ejemplo, el tema central de su exposición es que Telefónica debería reducir sus tarifas en términos reales entre un 10% y un 12% anual al objeto, al parecer, de "... alcanzar precios competitivos en un plazo razonable". Para ello, la referencia a tomar sería la de los países donde hay competencia y, dentro de ellos, el Reino Unido es su mejor ejemplo.

Sin embargo existe una cierta inconsistencia en sus planteamientos, ya que lo que es válido para el articulista a nivel global, no parece serlo cuando se entra en el nivel de los precios de los diferentes servicios. Así, si en su opinión "las tarifas locales se deben ajustar a unos costes razonables", ¿cuál es la razón para que propugne una igualación en el nivel de precios globales y niegue, en cambio, la igualación en el de las tarifas locales?

La razón es evidente: no quiere asumir la ineludible necesidad de incrementar el precio de la llamada local española. El articulista huye hábilmente del problema, argumentando que la variación de las tarifas de llamadas locales (¿subir?, ¿bajar?) dependerá de cuál sean los costes de Telefónica, que alega desconocer, afirmando: "Lamentablemente..., el problema es que Telefónica, aunque está obligada por ley, todavía no la ha presentado (la contabilidad de costes)".

Pues bien, antes de lamentarse, el señor Fernández Ordóñez debería saber que la obligación legal de Telefónica es presentar contabilidades separadas para las actividades reguladas y en competencia (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, artículo 24.3). Pero hay que destacar que, además de cumplir este requisito, Telefónica ha presentado a la Administración su sistema de contabilidad de costes (cuyos principios han sido aprobados por ella en diciembre de 1993) y los resultados relativos a 1992 y a 1993.

El problema es que cuando se toma un paradigma, en este caso el de la operadora británica -muy admirable en muchos aspectos-, no vale utilizar sólo lo que nos interesa y ocultar lo que no nos guste.

El planteamiento del artículo pivota sobre la idea de que los costes de Telefónica son superiores a los de la operadora británica, como puede deducirse de la siguiente afirmación: "Si se le da un plazo de unos años a Telefónica para que ajuste sus costes a los niveles británicos...".

Pues bien, es radicalmente falso que los costes de Telefónica sean superiores a los británicos. Así, según los últimos datos disponibles de BT (memoria anual marzo de 1993), los gastos de explotación por línea en servicio de Telefónica son muy inferiores a los de la operadora británica (658 dólares frente a 771). En realidad, nuestros gastos serían aún más bajos si descontáramos los correspondientes al negocio de telefonía móvil, que en el caso inglés no se incluyen.

Pero un analista no debe conformarse con la consideración de la cifra total de gastos, que, no obstante, es inferior en el caso de Telefónica, ya que detrás de ella se esconden partidas que no dependen de la calidad de la gestión actual, ni son modificables a corto plazo, viniendo inducidas por procesos anteriores heredados, relacionados con la suficiencia histórica de las tarifas (mucho más altas las británicas) y en la financiación del desarrollo de las infraestructuras (soportando o no los costes financieros del mercado).El diferencial de los gastos financieros se explica porque Telefónica no ha estado nunca respaldada por los presupuestos generales del Estado y, en consecuencia, ha tenido que acudir siempre al mercado de capitales. Por ello, cuando la operadora británica se privatizó era una entidad financieramente muy saneada, circunstancia muy favorable para la temprana liberalización del sector en el Reino Unido y para el posicionamiento de BT como una de las empresas líderes en el sector mundial de las telecomunicaciones.

Por otra parte, los costes de explotación de Telefónica han sido inferiores porque, históricamente, ha sido y es una empresa con un mayor nivel de productividad. Así, y a pesar de la fuerte disminución de empleo en la operadora británica en los últimos años (más de 74.000 empleos entre 1983 y 1992), contaba en 1992 con 153 líneas por empleado, frente a las 185 de Telefónica.

Al margen de estas inexactitudes contenidas en el artículo del señor Fernández Ordóñez, el telón de fondo de toda su argumentación es defender la liberalización, algo que ya a estas alturas nadie discute. Es más, podríamos decir que, una vez alcanzado un determinado nivel del desarrollo telefónico, el monopolio ha cumplido su objetivo y hay que buscar otras formas de desarrollo en un marco que permita introducir progresivamente más competencia. Éste es un proceso universalmente reconocido y que en todos los países se está desarrollando, aunque no exento de dificultades en cada caso.

El debate real en el sector mundial de las telecomunicaciones se centra en el ritmo de transición desde el monopolio a la competencia. La Unión Europea y todos los países, ya tengan Gobiernos de una u otra ideología, están tratando este tema con una actitud prudente, al objeto de conseguir minimizar los efectos negativos que una desregulación apresurada pudiera causar en cuanto al servicio universal, desequilibrios territoriales, armonización de tarifas, etcétera. En tanto se llega al 1 de enero de 1998, fecha propuesta por la UE para conseguir la total liberalización de los servicios de telecomunicación, se está llevando a cabo, de forma coordinada en toda Europa, la liberalización de los servicios móviles, de la transmisión de datos, de otros servicios de valor añadido, etcétera. Difílcilmente se podrá acortar dicho plazo, para el que sólo faltan tres años, si se tiene presente el cúmulo de distorsiones heredadas que tiene España, al igual que otros países.

En este debate mal se entiende la postura del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que, lejos de entrar en las cuestiones claves del proceso de liberalización de las telecomunicaciones en nuestro país, se dedica a defender de forma maniquea el paradigma neoliberal -donde todo le cabe, desde la reforma del mercado laboral hasta mezclar a Hunosa con las telecomunicaciones-, pero sin asumir nunca el coste social y político que una liberalización apresurada como la que propugna puede producir.

Crisanto Plaza es subdirector general de Análisis y Estudios Económicos de, Telefónica.