Dos detenidos se quejan de que un juez no les atendió personalmente

Los jueces y secretarios están obligados por ley a estar presentes en las declaraciones que presten los detenidos o testigos de un caso. Sin embargo, se pueden contar con los dedos de una mano los magistrados madrileños que cumplen con rigor este precepto legal, llamado principio de inmediación.En este contexto, dos personas se quejaron anteayer por escrito de que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 no les había tomado declaración personalmente, como ellos querían. Tras verse obligados a declarar ante un funcionario, Santiago Loarte Díaz y Alberto Vicente Oroz acudieron a la sede que posee el sindicato CSIF-Justicia en la plaza de Castilla y formularon su queja. Ambos habían sido detenidos el día anterior. Oroz asegura en su escrito que el secretario del juzgado incluso le "echó una bronca en mal tono". El citado secretario ha rehusado hacer declaraciones al respecto.

"Todas las quejas de este tipo serán elevadas a la inspección de guardia del Consejo General del Poder Judicial para que se tomen medidas", explica Andrés Sanz Cabezuelo, presidente nacional de CSIF-Justicia. Este sindicato ha inundado los juzgados de la plaza de Castilla con folletos en los que informa sobre el derecho constitucional que asiste a los usuarios para exigir la mediación del juez y el secretario. Sanz Cabezuelo asegura que la campaña persigue acabar con las "irregularidades y falsedades" que se cometen en los juzgados.

Fuentes judiciales indicaron ayer que un estricto cumplimiento de la inmediación judicial implicaría un retraso en la tramitación de asuntos. Cumplirla a rajatabla supondría tener que aumentar el número de jueces y reducir el de funcionarios, agrega esta fuente, partidaria, no obstante, de que ese principio se respete al máximo como "garantía" para los ciudadanos.

La juez decana de Madrid, Manuela Carmena, se encontraba ayer, de viaje. No obstante, hace varios meses manifestó que la inmediación debe ser cumplida.