Los militares volverán al Ejército al día siguiente de dejar la política

Los militares que se dediquen a la política, como miembros de órganos representativos o de equipos de gobierno, volverán al servicio activo al día siguiente de su cese en el cargo o de la celebración de elecciones, si no resultasen elegidos.

Así lo dispone una enmienda del Grupo Socialista a la ley del Personal de la Guardia Civil, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que suprime la excedencia forzosa de dos años que deben cumplir los militares que se dediquen a la política antes de regresar a los cuarteles.

Esta excedencia forzosa, regulada en 1989, era el último vestigio del llamado decreto Gutiérrez Mellado, que obligaba a los militares a abandonar definitivamente las Fuerzas Armadas si querían dedicarse a la actividad política.

El teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente del Gobierno, que empezó por aplicarse a sí mismo este decreto de 1977, pretendió impedir la intervención de los militares en la política (continua durante los dos últimos siglos de la historia española), obligando a quienes quisieran hacerlo a colgar definitivamente el uniformes sin posibilidad de regreso.

La ley del Personal Militar de 1989 suavizó este requisito, al cambiar la baja en el Ejército por una excedencia forzosa de dos años que, en la práctica, actuaba como elemento disuasorio para quienes estuvieran tentados de pedir el reingreso, ya que quedaban retrasados respecto a sus compañeros de promoción.

Se pretendía evitar también que quienes participaran en una campaña electoral, quizá desde posiciones ultraderechistas o criticando la política del Ministerio de Defensa, pudieran regresar poco después al mando de una unidad armada.

Fuga de pilotos

Sin embargo, este mecanismo fue utilizado en sentido bien distinto al previsto por el legislador: más de medio centenar de pilotos del Ejército del, Aire, que deseaban pasar a las líneas aéreas comerciales, donde las retribuciones son mucho más altas, se presentaron a las elecciones municipales de 1991 y autonómicas catalanas de 1992, muchos de ellos en las candidaturas de José María Ruiz Mateos o en puestos en los que no tenían posibilidad de salir elegidos, valiéndose de esta artimaña. El Ministerio de Defensa, según esa ley, se vio obligado a concederles la excedencia forzosa, lo que causó un gravísimo problema a la Fuerza Aérea, que se quedó sin pilotos suficientes.

Paradójicamente, la supresión de la excedencia se produce cuando el Ejército ha solucionado ya la falta de pilotos, debido a las nuevas incorporaciones, consecuencia de las convocatorias extraordinarias realizadas en los últimos años, y a la menor demanda de pilotos por parte de la aviación comercial.

La nueva regulación, no obstante, deja un margen de maniobra al ministro de Defensa, ya que los militares que vuelvan al Ejército, por no resultar elegidos o por concluir su mandato, no lo harán a su anterior destino, sino que quedarán en situación de disponible.