Los planes de ahorro popular reducirán en 200.000 millones los ingresos fiscales de dos años

El desarrollo de los planes de ahorro popular (PAP) supondrá una disminución de los ingresos fiscales de Hacienda de 200.000 millones de pesetas en 1994 y 1995, a juicio de diversos expertos de entidades financieras. Las cajas de ahorro apuestan por el nuevo instrumento, que "puede superar en auge y magnitud a los fondos de inversión", según medios de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). El favorable trato fiscal y la liquidez de los PAP frente a los fondos de pensiones, son el centro de una controversia que provoca divergencias de criterio en el Ministerio de Economía.

A pesar de la minoración recaudatoria, el Gobierno pondrá en circulación de manera inmediata los PAP por medio de un decreto cuya fase de consultas está polarizando al sector financiero en dos bandos: las cajas de ahorro, que los utilizarán para reconvertir en pasivo desfiscalizado gran parte de sus depósitos a la vista, y, frente a ellas, los bancos, menos partidarios del nuevo producto, e inclinados a intermediar el ahorro de los particulares en fondos de dinero y en otras modalidades de inversión colectiva.El desarrollo legal que ultima el Gobierno define el PAP como una modalidad de ahorro parecida a un depósito, con rendimientos no sujetos a retención, con el límite de un millón de pesetas por año y un capital máximo de diez millones. Dentro de los primeros cinco años, el rescate del capital supone cargas fiscales y una vez pasado este plazo el título está exento.

A juicio de las cajas de ahorro, este instrumento encaja en la cultura tradicional de su pasivo, toda vez que "la principal actividad comercial de las entidades se sitúa en el segmento de mercado típico del pequeño ahorrador", explica Isidro Fainé, director general adjunto de La Caixa. Por su parte, un portavoz de Emilio Ybarra, presidente del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), sopesa este criterio con escepticismo: "Se trata de un producto limitado, concebido para generar ahorro nuevo con un tope máximo de un millón de pesetas al año y un capital máximo acumulado de 10 millones".

La nueva forma de ahorro, incluida en el pasivo de bancos y cajas, alcanzará los ocho billones de pesetas en diciembre del próximo año, según las estimaciones de diversas entidades. Su favorable trato fiscal -los PAP no están sujetos a la retención del 25% sobre los rendimientos- inclinará en este periodo las preferencias de cuatro millones de españoles frente a depósitos y cuentas corrientes. Muchos de los expertos consultados coinciden en que los PAP no generarán ahorro nuevo, sino que reflejarán el traslado de cuentas a la vista ya existentes a la nueva modalidad. A este trasvase inevitable puede contribuir en buena medida el hecho de que los PAP puedan materializarse en depósitos tradicionales o en activos de deuda pública, tal como prevé el actual borrador de decreto ley.

El frente fiscal

Algunos medios financieros, que se muestran críticos con las ventajas tributarías de los PAP, los consideran un producto opaco al Fisco por el descontrol de sus rentas y la masificación de sus inversores. "Se trata de un paso atrás en la lucha contra el dinero negro, después de los episodios de las primas únicas, las cesiones de crédito y las participaciones al portador de fondos de inversión", sostienen estos sectores.El mismo frente fiscal centra las opiniones encontradas del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, y el de Economía, Alfredo Pastor, en el seno del mismo ministerio. En opinión del primero, la inspección garantizará que los PAP canalicen únicamente ahorro nuevo -"cruzaremos las listas de titulares de planes de ahorro con las del IRPF para evitar que el contribuyente trasvase a esta modalidad sus depósitos antiguos", defiende-; el segundo, por otra parte, es contrario a la tendencia a incentivar el ahorro por medio de ventajas fiscales, tanto en el caso de los PAP como en el de otras modalidades, incluidos los fondos de pensiones. En la posición de Pastor abunda el director del Tesoro, Manuel Conthe, contrario a la introducción de este tipo de producto porque es una alternativa frente a los activos de deuda pública y principalmente porque su presumible éxito desfiscalizará el pasivo de los bancos y cajas españoles. En cualquier caso, la decisión del titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, de sacar adelante los PAP "ya es incontestable en el seno del Gobierno", señala el propio ministerio.

Cuando apenas falta algo más de un mes para la aparición del decreto en el Boletín Oficial del Estado, la controversia de los PAP como instrumento para incentivar la deprimida tasa de ahorro nacional tiene otro tipo de resonancias de mayor alcance. El ahorro nace en el ámbito microeconómico de las decisiones de los ciudadanos, pero orienta un desafío político-economico fundamental: la reforma de la Seguridad Social, a través de un sistema complementario de las pensiones públicas -no sustitutivo-, que deberá ser soportada precisamente por el esfuerzo de los particulares. Este criterio, defendido por el Tesoro y la Dirección General de Seguros, "exige reforzar la liquidez y las ventajas fiscales de los fondos de pensiones, antes que lanzar al mercado los PAP", opinión en la la que coinciden los nacionalistas del Grupo Catalán en el Congreso de los Diputados. "Nos hemos mostrado partidarios de convertir los fondos de pensiones en fondos de pensiones populares", aclara el diputado Francesc Homs, de CiU.

Ahora, sin embargo, con el decreto prácticamente en la calle, el propio secretario general de CDC, Miquel Roca -que apoyó a los socialistas en la formulación de la ley del IRPF de 1991, auténtico suelo legal para el desarrollo de los PAP-, avala los nuevos planes de ahorro popular como fórmula de capitalización "destinada a inmovilizar recursos de particulares que a medio plazo pueden sustituir a la inversión extranjera y fortalecer la demanda interna".

CiU coincide con Solbes en que ha llegado el momento de transformar un reflejo estadístico desolador: con un PIB nacional de más de 60 billones de pesetas, el ahorro particular de los españoles es de apenas cinco billones y el de las empresas no alcanza los siete billones. Los dos casos citados se refieren a depósitos a plazo, fondos de pensiones o modalidades diversas de seguros de vida, excluyendo por tanto los depósitos a la vista, las libretas de ahorro y los fondos de inversión.