Un código para andar por casa

NO PARECE que el nuevo código penal que ha entrado en vigor en Francia el 1 de marzo vaya a tener la influencia jurídica que tuvo en su época el llamado código napoleónico, al que aquél ha venido a sustituir dos siglos después. La Francia de finales del siglo XX es más violenta, más compleja, menos igualitaria y menos ideologizada que la de principios del siglo XIX. Ésa parece ser la impresión de los legisladores que, tras 13 años de trabajo, especialmente intenso en los 10 últimos, han concluido el nuevo código penal francés. El viejo código napoleónico de 1810, en el que se basó en gran parte el edificio jurídico de la Europa actual, pasó difinitivamente a la historia el martes 1 de marzo.El nuevo código, herencia casi póstuma de la década mitterrandista, llama la atención por su modestia. No aspira a propiciar una sociedad nueva ni un hombre nuevo, como el código posrevolucionarlo. En general, desaparecen muchas de las certidumbres del código decimonónico. Las definiciones lapidarias, deleite para muchas generaciones de juristas, son sustituidas en bastantes casos por párrafos simplemente orientativos. El código penal de 1994 admite implícitamente que la sociedad actual es demasiado compleja como para encajarla en un articulado y deja en manos del Juez un amplio margen de maniobra. Esa mayor autonomía del juez para considerar entorno, antecedentes y circunstancias matiza uno de los principios inspiradores del antiguo código: el de que a un mismo delito corresponde una misma pena, esto es, el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ese principio es directamente quebrado en lo que se refiere a residentes no franceses: a un extranjero la comisión de un delito puede acarrearle también la pena sobreañadida de la expulsión del país.

Muy significativa, y preñada sin duda de consecuencias futuras, es también la extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o morales. Instituciones, sociedades anónimas o asociaciones vecinales podrán ser juzgadas como tales, al margen de la responsabilidad penal de sus dirigentes. En este sentido, por ejemplo, un partido político culpable de corrupción o una empresa gravemente contaminante pueden ser condenados, simple y llanamente, a la disolución. Ése es uno de los apartados en que más claramente se percibe la distinta filosofía del nuevo código, desde el rígido engranaje ley / individuo de la era napoleónica a la aceptación del difuso entramado social contemporáneo.

Lo que más ha llamado la atención a los franceses es, sin embargo, el endurecimiento general de las penas. Se crea, en ese sentido, una nueva condena de 30 años de cárcel para los casos de asesinato, y para delitos especialmente graves, como la violación y asesinato de un menor, un mecanismo tendente a convertir en casi literal la cadena perpetua: el juez podrá impedir, hasta un periodo máximo de 30 años, que el reo solicite cualquier tipo de reducción o suavización en los términos y plazos de la condena impuesta. Este endurecimiento, inicialmente dirigido tan sólo a compensar la abolición de la pena de muerte, se ha extendido a gran número de delitos de sangre y refleja la preocupación social frente a los crecientes niveles de violencia en la sociedad francesa.

Considerado en amplios círculos jurídicos como "indigno de una democracia moderna", el nuevo código parece haber recibido el tácito beneplácito de la sociedad francesa. Y es que, iniciado por la izquierda en 1981, ha sido votado con la derecha en el poder y en una época marcada cada vez más por el síndrome de la seguridad.