La Comunidad descubre una nueva residencia ilegal para ancianos en Barajas
La Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid ha Incoado un expediente sancionador a una residencia de ancianos, conocida con el nombre de Rosita y situada en el distrito de Barajas. Carece de autorización administrativa e incumple los requisitos necesarios para ejercer esta actividad, según explica el secretario general técnico del organismo, Francisco José Vives.La residencia alberga ancianos desde hace más de dos años, según Enrique Medina, amigo de un residente. Sin embargo, no fue hasta el mes de junio de 1993, cuando inspectores de la Comunidad de Madrid localizaron la residencia, una casa baja con dos plantas, constatando que era ilegal. Y aún lo es, puesto que no cuenta con la oportuna autorización, señala Vives. Otras infracciones importantes que se han constatado son la falta de personal -dos trabajadores atienden a 14 ancianos- el hacinamiento de los residentes en pocas habitaciones, la carencia de extintores, así como la falta de un plan de evacuación y de supervisión médica para las comidas, entre otras.
Enrique Medina visitó a su amigo hace dos años y afirma que el estado del centro era "lamentable y vergonzoso". Medina relata que observó un salón muy pequeño donde se encontraban dos personas inválidas y unas escaleras "estrechas y peligrosas" para acceder al piso superior.
100.000 pesetas al mes
La Consejería de Integración Social ha emitido un visado previo a la residencia para que pueda seguir funcionando mientras subsana los defectos detectados. La consejería también estudia imponer una sanción económica al centro de un millón y medio de pesetas. Una mujer que dijo ser responsable del centro, y que no permitió el paso al interior del mismo, aseguró esta semana que la residencia no es ilegal, aunque reconoció que había problemas: "Estamos de papeleo y hay que hacer los arreglos de las anomalías". Los usuarios del centro abonan una media de 100.000 pesetas al mes por su mantenimiento, según aseguró la responsable.
La Comunidad detectó en 1993 noventa de estos "centros semiclandestinos", que tuvieron que cerrar. En otros casos se impusieron multas que rondaron los 15 millones de pesetas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
