Condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación el comisario Ballesteros

El comisario Manuel Ballesteros, hombre de la máxima confianza del Ministerio del Interior en la lucha antiterrorista, fue condenado ayer por la Audiencia de San Sebastián a seis años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Ballesteros permitió en 1980 la liberación de tres hombres que franquearon violentamente la frontera de Irún, indocumentados y en un coche robado, a los pocos minutos del atentado contra el bar Hendayais, en el País Vasco francés, que costó la vida a tres personas. La autoría del atentado se la atribuyó el Batallón Vasco Español.

La identidad de estas tres personas, confidentes policiales según ha declarado reiteradamente Ballesteros, ha permanecido oculta desde entonces. La negativa a revelarla ya costó al comisario una condena a tres años de inhabilitación, por denegación de auxilio a la Justicia, luego anulada por el Supremo. Ballesteros, de 59 años, ocupa desde 1986 la dirección del Gabinete de Información del Ministerio del Interior, desde donde desempeña un importante papel en la lucha antiterrorista.

La sentencia conocida ayer le condena por un delito distinto, el de prevaricación, al estimar los jueces que ordenó poner en libertad a tres personas sospechosas para garantizar su impunidad. Según el Código Penal, incurren en prevaricación las autoridades o funcionarios públicos que toman decisiones injustas a sabiendas.

Ballesteros se ha negado siempre a facilitar a los jueces los nombres de los tres confidentes argumentando desconocer su identidad, y por ello fue procesado en 1985. Condenado, y absuelto por el Tribunal Supremo, al estimar que actuó en la creencia errónea de que era más importante preservar, los intereses de la lucha antiterrorista que colaborar con la Justicia, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad de un nuevo interrogatorio.

Ante una nueva negativa a revelar la identidad de los confidentes en 1990, se abrió otro procedimiento judicial. La acción popular fue ejercida en nombre de cinco ayuntamientos de Guipúzcoa, gobernados entonces por Herri Batasuna, que solicitaron una pena entre 10 y 12 años de inhabilitación, mientras el fiscal y la defensa pedían la libre absolución. Ballesteros anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el Supremo.

El 23 de noviembre de 1980, tres individuos, que alegaron ser colaboradores policiales, cruzaron violentamente la frontera franco-española por el puente de Santiago, en Irún (Guipúzcoa), en un vehículo con matrícula falsa. Tras entregarse a la policía y darle un número de teléfono de Interior, quedaron en libertad.

Los funcionarios de Irún recibieron desde Madrid la orden de que "a los individuos retenidos se les dé bola; es decir, no vimos ni oímos nada". El entonces responsable de la Comisaría General de Información, Manuel Ballesteros, permitió la puesta en libertad de los tres confidentes sin proceder a su identificación ni interrogarles, levantar atestado, tomar datos del vehículo ni dar cuenta a la autoridad judicial.

Con la orden de liberarles, el comisario impidió obtener cualquier dato que permitiese investigar el suceso. La sentencia afirma que Ballesteros pretendió "la impunidad asegurando la huida y evitando la posterior identificación". El fallo recuerda que el secreto sobre los informadores se puede mantener hasta que éstos cometen delitos y que serán los jueces los que deberán valorar el alcance penal de los hechos.