De aristócrata a "señor Medina"
Sólo en dos ocasiones salió a relucir ayer en la sala de vistas el título nobiliario del principal encausado: una vez al dar lectura a una de las declaraciones existentes en el sumario y la otra cuando su abogado, Francisco Baena Bocanegra, formuló una pregunta a Mercedes Almeida, la secretaria del aristócrata.Tanto los magistrados como los acusadores y los defensores se refirieron al protagonista como "el señor Medina". 0, en multitud de ocasiones, simplemente como "Rafael". Como si todas las partes se hubieran puesto de acuerdo para evitar que el juicio se tornara en un proceso a la aristocracia. Un acuerdo no escrito para demostrar que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.
A las 10 de la mañana, la Audiencia de Sevilla se convirtió en poco menos que en un campo de batalla: carreras, gritos, empujones y más de un altercado entre policías y periodistas. Abogados, funcionarios y curiosos presenciaban con incredulidad la pugna entre los informadores y los agentes de seguridad.
Por contra, el público esperó pacientemente a que se les permitiera entrar. Quizás porque únicamente querían matar el rato. Entre ellos había un matrimonio de jubilados -él tocado con gorrilla- que iba a la estación y decidió entrar en la audiencia "al ver que había follón"; una monja de las Adoratrices que conocía a las procesadas; otra mujer a la que su nuera -"una golfa"- había dejado "plantada" con dos niñas antes de fugarse con un hombre casado; y jóvenes estudiantes de derecho con pretensiones de
aprender un poco". Ningún ciudadano con escudo nobiliario en su tarjeta de visita.
Sin megafonía
Durante las más de tres horas que duró la sesión de la mañana, periodistas y público tuvieron que aguzar el oído. La megafonía no existió. El presidente del tribunal, Antonio Gil Merino, fue inflexible a la hora de evitar preguntas reiterativas y se convirtió en el motor del proceso: él mismo leyó las partes del sumario que solicitaban la fiscal o los abogados e intervino en multitud de ocasiones para resumir y clarificar conceptos; y él mismo cerró el interrogatorio de la procesada Almeida.Gil, riguroso y escrupuloso de las garantías jurídicas, quiso saber cuánto dinero se gastó en heroína Mercedes Almeida durante los tres meses que vivió en la casa del duque y cuándo le había aconsejado éste que abandonara su drogadicción. Quedó claro que al magistrado le inquieta clarificar si el duque incurrió en el delito contra la salud pública que se le imputa.
La fiscal María Dolores Villalonga, contundente como un martillo, intentó demostrar los delitos de corrupción que se imputan al duque en relación con la n3ña Ana María y con Sandra Alvarez, que en aquella fecha era menor de 18 años.
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