Los médicos eligen presidente mientras se plantean renovar su organización colegial

Los más de 150.000 médicos españoles elegirán el próximo 12 de marzo, a través de sus presidentes provinciales, a su máximo representante en el Consejo General de Colegios Médicos. Éste es su mayor órgano de representación profesional y su misión es velar por la buena práctica y la ética médicas. Al igual que arquitectos o abogados, los médicos deben colegiarse obligatoriamente para ejercer. Los detractores de la actual configuración colegial opinan que se trata de una entidad corporativista, conservadora y poco representativa. Todos los candidatos insisten en la necesidad de "renovar" la institución.

Éstas serán las quintas elecciones desde la democracia, y la segunda vez que su cabeza actual, el pediatra valenciano José Fornés, se someterá a votación para un mandato de cuatro años, después de haber anticipado las elecciones. Pendientes están temas clave para la sanidad española como la ordenación de las especialidades médicas, la regulación de la responsabilidad civil de los facultativos o la nueva Ley de Colegios Profesionales, que pretende equiparar el ejercicio de la medicina a las normas de la libre competencia.Siete candidatos se presentan a estas elecciones, en las que votan los presidentes de los 52 colegios provinciales. La convocatoria, que debía celebrarse en junio, se ha adelantado en tres meses. La razón, según Fornés, elegido en 1990, es evitar la interinidad, antes de que se renueven otros puestos de la junta directiva, cuando en la agenda de médicos y Administración figura la negociación de los temas citados.

Otros sectores, como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que agrupa a unos 14.000 profesionales, sostienen que el adelanto de elecciones es una estrategia de Fornés para asegurar sus posibilidades para un nuevo mandato, antes de que se renueven las presidencias de 22 colegios en los próximos meses.

Falta de dinamismo

Al margen de las propuestas concretas, los siete candidatos insisten en la necesidad de "renovar" la entidad, de hacerla más dinámica y participativa, para afrontar los problemas que la sanidad española tiene planteados.

"Los estatutos están desfasados", afirma Javier Domínguez, uno de los aspirantes. "El consejo no coordina como debe a los distintos organismos de la organización, lo que desilusiona al médico de base", reconoce. "Hay que dar más protagonismo a la asamblea. general, frente al presidencialismo actual, y potenciar los consejos autonómicos y provinciales", apunta Miguel Carrero, otro candidato, presidente del Colegio de La Coruña.

Esta falta de dinamismo es algo en lo que inciden de manera rotunda los detractores de la actual configuración colegial, para los que la organización no representa los intereses de todos los médicos. "La OMC se mantiene de forma artificial por la obligatoriedad de la colegiación" afirma.Marciano Sánchez-Bayle, secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. "En realidad, funciona como un lobby económico. Los médicos públicos, que somos el 80%, no nos sentimos en absoluto representados". "Un problema de la actual legislación es que las atribuciones de la OMC no están definidas y tiende a meterse en la defensa de intereses laborales, que corresponde a los sindicatos", dice Vicente Garcés, presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos, mayoritaria en la sanidad pública, con 32.000 afiliados. Garcés señala que "muchas juntas directivas parecen un club de amgos", pero defiende la colegiación obligatoria como esencial para asegurar una buena práctica médica. Entre los médicos prima, dice, la defensa de los colegas frente al ciudadano.

Frente a las críticas de corporativismo, Javier Domínguez considera que "no hay nadie más aislado e independiente que el mdico". "Sin la regulación de la responsabilidad civil estamos desamparados", asegura. Tanto Fornés como los candidatos piden que se arbitre un sistema, por ejemplo, para evitar la judicialización de la medicina. "Todo daño debe dar derecho al paciente a una indemnización, que debe corresponder a la Administración en el caso de la medicina pública", afirma Fornés. "Cuando hay sentencia con responsabilidad del médico, hay que intentar que la indemnización no corra exclusivamente de su cuenta", añade Domínguez.

Para Sánchez-Bayle, que rechaza la colegiación obligatoria, la misión de velar por un correcto ejercicio de la medicina ya la tiene la Administración en la Ley General de Sanidad. "Con frecuencia, esta vigilancia deontológica supone un condicionamiento para la libertad de expresión de los profesionales en cuestiones problemáticas como el aborto", añade. Según el código de la OMC, "no es deontológico admitir la existencia de un periodo en que la vida humana carece de valor", aunque actualmente establece que "no se sancionará al médico que dentro de la legalidad actúe de forma contraria a este principio". Fornés apoyó en 1991 la expulsión de los médicos procesados por aborto.

"La facultad disciplinaria y la colegiación obligatoria son fundamentales para garantizar una buena atención médica", insiste Fornés.