Vía libre a la querella de KIO

UNO DE los aspectos socialmente más irritantes de la llamada cultura del pelotazo es la insolente impunidad -administrativa, penal e incluso política- con la que actúan sus protagonistas y principales beneficiarios. El caso KIO, uno los ejemplos más señeros de dicha cultura, ha estado a punto de alcanzar también uno de los primeros puestos en la lista de la impunidad. Y así habría sido de no ser porque la Audiencia Nacional ha puesto fin al empecinamiento del juez Moreiras, titular del Juzgado de Delitos Monetarios, en rechazar una y otra vez la admisión a trámite de la querella formulada hace un año por el grupo Torras-KIO contra Javier de la Rosa y otros seis antiguos gestores del grupo kuwaití en España.Desde todos los puntos de vista era disparatado que un asunto como el de KIO (500.000 millones de pesetas evaporados, 100.000 puestos de trabajo en peligro, miles de millones de ayudas públicas directas o indirectas malogradas, desmedidos e inexplicables enriquecimientos personales ... ) quedase al margen de la justicia penal. El único argumento esgrimido era de naturaleza formal: la supuesta improcedencia de actuar penalmente contra los antiguos gestores de Torras-KIO mientras se sustancia el procedimiento civil sobre la suspensión de pagos presentada por dicho grupo en diciembre de 1992.

La cuestión era dudosa, pero la Audiencia Nacional la ha resuelto con sentido común: los delitos que la querella imputa a De la Rosa y a los antiguos gestores de KIO (falsedad en documento mercantil y en documento público, estafa, apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, fraude fiscal ... ) están suficientemente documentados, con designación de personas, fechas, lugares y cuantías supuestamente defraudadas. Además, son independientes de la posible quiebra fraudulenta en que podría derivar la supensión de pagos, y, por tanto, los dos procesos, el civil y el penal, no interfieren entre sí ni se refieren a los mismos hechos.

Una vez despejada esa duda procesal, pocos argumentos de peso había para oponerse a la admisión de la querella. Y uno de ellos, el referente a los "graves perjuicios" que sufriría el honor de De la Rosa y de los antiguos gestores de KIO en caso de admitirse a trámite, suena a broma. La consideración que la Audiencia Nacional hace a este respecto es que por respetable que sea tal honor personal, lo que está en cuestión es la defensa de "intereses generales y de mayor trascendencia" respecto de los cuales existen indicios fundados de haber sido gravemente atropellados.

La decisión de la Audiencia Nacional es, pues, impecable desde el punto de vista procesal, penal y constitucional. Pero también lo es desde la perspectiva de la valoración social, ineludible en escándalos de esta naturaleza. La resolución de la Audiencia ayuda a contrarrestar esa sensación cada vez más enraizada en la ciudadanía respecto de la aparente benignidad o real impotencia de los poderes públicos en la persecución de los escándalos que han jalonado la era del auge de la economía especulativa en España, tanto en el ámbito público como privado. Al Tenos en lo que se refiere al caso KIO, esta sensación tiene fundamento: si alguna vez llega a saberse la verdad última de lo ocurrido con las inversiones de esa sociedad y cómo se produjo el vaciado de los activos de sus empresas, será por obra de los tribunales y no por la de ninguna comisión de investigación parlamentaria.