Entre la crítica dura y el pacto de Estado

José María Aznar se encuentra presionado entre las dos concepciones que se dan en su partido respecto a cómo deben ser las relaciones con el Gobierno. Existe un sector que auspicia acuerdos institucionales con el Ejecutivo para demostrar a los ciudadanos que el PP constituye una alternativa responsable. Pero el sector mayoritario considera contraproducente para su imagen aparecer del brazo de los socialistas. Estos dirigentes son partidarios de arreciar la crítica y el control al Gobierno desde las vísperas del congreso del PSOE, el próximo mes de marzo, hasta las elecciones andaluzas y europeas del 12 de junio, y, a partir de ahí, pedir elecciones anticipadas.Aznar no se ha decantado nítidamente por una de las dos opciones, sino que toma elementos de una y otra. En este momento se manifiesta más proclive a la opción radical de arremeter contra el Ejecutivo. Felipe González es consciente de esta situación, que para él significa someter al Gobierno a una especie de "ducha escocesa".

Las manifestaciones de los dirigentes del PP y la marcha de las negociaciones, incluso los aspectos formales, para llegar a un acuerdo de varias medidas comprendidas en el llamado impulso democrático, ponen de manifiesto estas dos actitudes.

Por un lado presionan sobre Aznar dirigentes de talante institucional, procedentes mayoritariamente de la antigua UCD y que tuvieron responsabilidades de Gobierno. Rafael Arias Salgado y Rodolfo Martín Villa son los exponentes de este grupo. En la orilla opuesta se sitúa casi todo el grupo parlamentario, según reconocen dirigentes del PP.

'Impulso democrático'

El portavoz del PP, Rodrigo Rato, está cercano a este segundo grupo, si bien con el matiz de que considera oportuno llegar a algunos acuerdos rápidos en estas medidas de impulso democrático y estar después con las manos libres para poder criticar al Gobierno sin condicionamientos. Los dirigentes del PP consultados consideran a Aznar próximo a estas tesis.La dirección del grupo parlamentario quisiera concluir este mes y en la primera semana de marzo con la provisión de vacantes del Consejo General del Poder Judicial, la elección del Defensor del Pueblo y la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Sin alharacas, el PP ha llegado a un acuerdo con el PSOE para la reforma de la Ley General Electoral, en relación con la reducción de gastos electorales, que esta misma semana se verá en el Congreso.

Según los dirigentes del PP consultados, el partido está ya persuadido de que hay que rematar la primera fase de las medidas de impulso democrático para después hacer una dura tarea de oposición. No obstante, en el PP se considera que el sector institucional siempre intentará convencer a Aznar para que no cierre las puertas a la negociación.

El Gobierno es consciente de esta situación. Varios miembros del Ejecutivo están convencidos de que el PP ha variado su estrategia en el sentido de que, si al principio de la legislatura pensaban esperar hasta las elecciones municipales y autonómicas de 1995 para solicitar el adelanto de las elecciones generales, ahora intentarán crear la sensación de desgobierno y encontrar argumentos para hacer esa misma petición después de las elecciones europeas y andaluzas.