"El jurado no es la panacea de la Justicia"

Pascual Sala cree que los insumisos no merecen penas de cárcel. Le satisface la próxima implantación gradual del jurado, pero advierte que no es precisamente la panacea para agilizar la justicia. El máximo representante del Poder Judicial mantiene su aval a la polémica designación de Eligio Hernández como fiscal general del Estado, pero "sin entrar en la oportunidad política del nombramiento".Pregunta. ¿Apoya usted un ataque aéreo para levantar el asedio a Sarajevo?

Respuesta. No, si hay riesgo de que sufran personas inocentes, tanto si se trata de quienes están cumpliendo una misión de la ONU como de los habitantes de Sarajevo, que ya han sufrido y sufren a diario bastante.

P. ¿Fue a trabajar el día de la huelga general?

R. Sí. Fui a mi despacho en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial.

P. ¿Quiénes presionan más en las huelgas, las empresas o los piquetes?

R. En sentido inmediato y visible, los piquetes. Las empresas también pueden presionar, naturalmente, pero las presiones son más invisibles y mediatas.

P. ¿Echa usted de menos una regulación legal de los piquetes?

R. Sí. Es bueno regular y resolver los problemas en instancias anteriores a las judiciales.

P. ¿Ve usted Juzgado de guardia?

R. Muy pocas veces.

P. ¿Y qué impresión tiene cuando ve una actitud tan inimaginable en un juez español?

R. Ese tipo de programas tienen mucho de apariencia y, por tanto, poco que ver con la realidad española, e incluso con la de los países donde se graban. No obstante, son educativos: enseñan a los ciudadanos los derechos que tienen.

P. ¿Condenaría usted a quien paga un rescate a ETA para conseguir la libertad de un secuestrado?

R. No. Creo que es un claro ejemplo de estado de necesidad, desde el punto de vista humano. Porque está en juego una vida.

P. Y el impuesto revolucionario, ¿le parece condenable?

R. Sí. Pagar es lo cómodo, pero al que le tocan situaciones incómodas tiene que afrontarlas y recurrir a la protección policial.

P. ¿Los insumisos merecen, en su opinión, condena penal?

R. Soy partidario de que no haya penas privativas de libertad para castigar a los insumisos. Las sanciones pueden ser de tipo administrativo o pecuniario, o consistir en unas prestaciones determinadas.

P. ¿La negativa a someterse a la prueba de paternidad ayuda a despejar las dudas del juez sobre quién es el padre?

R. Por supuesto que ayuda. Puede tener la fuerza suficiente para determinar una declaración judicial de paternidad.

P. La publicidad que dio la sala del Supremo a sus quejas sobre el Constitucional y la apelación inicial al Rey, ¿no muestran un pulso político y el no reconocimiento de otro interlocutor más abajo del Rey?

R. No. Tengo la convicción de que no había intención de plantear un conflicto político, ni siquiera de forzar una intervención de la Corona que, por otra parte, no podría haber tenido lugar. Lo que querían era llamar la atención, sin que eso quiera decir que yo comparta procedimiento, que no lo he compartido.

P. ¿No ha habido una resistencia a perder poder judicial, incluso con una cierta nostalgia preconstitucional?

R. No, no se puede decir eso. Los jueces, tanto los ordinarios como los constitucionales, tienen una cuestión muy difícil que resolver siempre: los límites, hasta dónde llega la justicia ordinaria y dónde las facultades de la justicia constitucional.

P. Tanto Francisco Rubio Llorente como Francisco Tomás y Valiente, con 12 años de experiencia en el alto tribunal, han coincidido en que en temas de derechos fundamentales no es separable la legalidad ordinaria y la constitucional.

R. Yo también lo digo. Es un problema que, legislativamente, nunca podrá ser bien delimitado, pero donde funcionará mejor la autodisciplina del Tribunal Constitucional. La prudencia tiene que jugar un papel esencial. Hay cosas que no son ni blancas ni negras.

P. La actuación de la Guardia Civil en la matanza de Nigrán, ¿es una muestra de que cuando la policía no quiere que investigue el juez los muertos fallecen en las ambulancias?

R. La transresión legal se produce cuando no se da inmediato aviso al juez. La policía debe mantener todo en el mismo estado en que se encontraba al descubrir el delito. Si hay heridos, no tienen que dejar que se mueran en espera de que venga el juez. Eso es elemental. Pero en este caso, tal y como ha denunciado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, parece ser que había víctimas muertas.

P. ¿El jurado puede servir de revulsivo para la justicia?

R. Yo me alegro de que la implantación del jurado se quiera hacer con un criterio de gradualidad, porque no se puede trasladar al ciudadano que el jurado es la panacea. No tiene absolutamente nada que ver la eficacia de la justicia con el jurado. A ver si el ciudadano se va a creer que el jurado le va a resolver problemas de lentitud de justicia. Al revés, es una cuña, y más bien dilatoria.

P. ¿Quién le parece más conveniente que se siente en el banquillo ante el jurado: jueces, políticos, periodistas o todos ellos?

R. Pues, a lo mejor, ninguno, porque no sería bueno que el jurado juzgara en razón de la persona o el estamento social al que se pertenezca. Lo decisivo debe ser el tipo de delito.

P. En el caso de los jueces está claro que son los únicos que se juzgan a sí mismos.

R. Yo no distinguiría al juez como un ciudadano especial a efectos del jurado. Sería discriminatorio y, por tanto, inconstitucional. Otra cosa es que los corporativismos entre los jueces, como todos los corporativismos, sean rechazables, y yo los rechazo. Es más, el juez que utiliza elementos corporativos cuando juzga a otro juez incurre en delito.

P. Usted avaló la designación de Eligio Hernández como fiscal general del Estado, ¿haría lo mismo ahora?

R. En cuanto a si cumplía los 15 años de ejercicio profesional como juez, desde luego. Sin perjuicio de que pueda existir otro criterio mejor fundado, mantengo lo que voté: creo que cumple ese requisito legal. En lo que no entro es en la oportunidad política del nombramiento.

P. Cuando Felipe González y Alfonso Guerra avanzan por caminos distintos, ¿usted tiene dividido su corazón y su cabeza?

R. No entro en posibles tendencias, corrientes o discrepancias en un partido político, ni en el socialista ni en ningún otro.

P. A usted se le vinculaba con Guerra.

R.Yo no me he vinculado con nadie.

P. Se le vinculaba...

R. ¡Ah!, se me vinculaba, y no sé por qué.

P. ¿Con cuál se lleva mejor?

R. Trato más al presidente del Gobierno, por razones institucionales. Conozco perfectamente a los dos, pero no soy amigo personal de ninguno de ellos. En cambio, sí lo soy de otros políticos, como Fernando Ledesma y Virgilio Zapatero.

P. Ante el congreso del PSOE, ¿cree democrático pedir manos libres para que el, secretario general decida la ejecutiva?

R. Ocurrirá lo que decidan los delegados de ese partido, según sus estatutos, que no conozco. No tengo opinión.

P. ¿Piensa usted que no hay más responsabilidad política que la que establece una sentencia?

R. No, la responsabilidad política es diferente de la penal y mucho más amplia.

P. ¿Sería saludable que los políticos corruptos vayan a la cárcel como en Italia?

R. Si delinquen, sí, pero no puedo sostener que sería bueno pasarse un poco de la mano para que fuera ejemplarizante. Yo no me paso de la mano con nadie. Iría contra el principio de igualdad. Tengo gran respeto por la justicia italiana, pero creo que el sistema español cuenta con suficiente independencia para poder llegar al fondo de los asuntos.

P. ¿Cree que el caso Hormaechea es un ejemplo de cierta burla a la justicia mediante el uso de recursos para aplazar indefinida y deliberadamente ser juzgado?

R. La respuesta, está en los propios tribunales: tienen medios para, cuando hay temeridad y propósitos dilatorios, poder yugularlos, con todas las garantías y motivación.