La Audiencia Nacional inicia la 'desactivación' del juez Miguel Moreiras

El proceso de desactivación del juez de delitos monetarios Miguel Moreiras se inició ayer con una propuesta del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, para terminar con el "régimen jurídico excepcional" que atribuye en exclusiva al polémico magistrado la competencia para instruir los principales delitos económicos que se cometen en España.De aprobarse la propuesta, que ha sido sometida a la Junta de Jueces Centrales de Instrucción, y sobre la que deberá pronunciarse en definitiva el Consejo General del Poder Judicial, los delitos monetarios se repartirían entre los cinco jueces centrales y Moreiras pasaría a su vez a instruir, además de delitos económicos, asuntos de narcotráfico y terrorismo.

En el proceso iniciado ahora y que culminará con la retirada de Moreiras como instructor exclusivo de los grandes escándalos económicos ha influido la inseguridad producida por las contradictorias decisiones del magistrado en asuntos de gran espectacularidad.

Algunas de sus decisiones más llamativas, como la imposición de una fianza de 8.000 millones de pesetas al Banco Santander por las operaciones irregulares de cesión de créditos, fueron posteriormente anuladas y nuevamente rectificadas con la imposición de una nueva fianza, reducida en este caso a 3.500 millones de pesetas.

Otras de sus actuaciones fueron la prisión incondicional de un empresario de informática, Joaquín González, por un delito sobre el que no tenía competencia, y la detención del empresario Benedicto Alfaro en la boda de su hijo, para dejarle en libertad tres días después con una fianza de 10 millones, casi simbólica para su capacidad económica.

Sus decisiones jurisdiccionales ha sido frecuentemente rectificadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia, entre ellas el intento de archivar las diligencias contra 200 empresas que incurrieron el fraude del IVA o los sobreseimientos de las causa contra entidades como Unipublic. El ministerio fiscal acaba de recurrir la decisión del juez Moreiras de archivar el caso Macosa, y está pendiente de resolver la negativa del juez a tramitar la querella contra los administradores de KIO.

El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, justifica su propuesta de que los asuntos económicos se repartan a todos los juzgados centrales en que la penalización en materia de control de cambios está en la actualidad "drásticamente reducida" por la normativa vigente. Además, no se pueden dejar de lado, añade, "las extraordinarias repercusiones mediáticas que forzosamente tiene el hecho de acumular en un único órgano jurisdiccional la instrucción de las defraduaciones de grave repercusión en el tráfico mercantil".

Por ello, argumenta el presidente de la Audiencia Nacional, "parece adecuado el momento de atribuir a todos los juzgados centrales de instrucción todas las competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial les atribuye, terminando con el régimen de excepción que actualmente opera". "De ser así, se produciría el beneficioso efecto de que las tres secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia conociesen de los asuntos que hoy tramita en exclusiva el Juzgado Central de Instrucción número 3", agrega.