El fiscal pide la libertad de los presuntos 'cerebros' de la red de escuchas

El fiscal José Maria Mena solicitó ayer la libertad de los dos presuntos responsables de la red de escuchas ilegales descubierta en Barcelona en noviembre, el ex coronel del Cesid Fernando Rodríguez González y el también ex miembro del espionaje militar Miguel Ruiz Martínez, El Lobo. Mena, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desginado para este caso, también solicitó al juez Eduardo Navarro que levante el secreto de sus actuaciones.Todas las declaraciones de los inculpados y los testigos, así como el contenido de las más de 100 horas de grabaciones telefónicas obtenidas supuestamente por los implicados, han sido secretas desde antes de que se realizaran las primeras detenciones, el 15 de noviembre pasado.

El motivo de secreto era la voluntad del juez y el fiscal de garantizar las investigaciones sobre la red de espionaje. La misma causa fue esgrimida durante la instrucción del sumario para mantener en prisión al excoronel y a El Lobo. Para quien no se ha solicitado la libertad es para el inculpado Juan Gracia Navarro, al que se le acusa también de tenencia ilícita de armas.

El editor-presidente de La Vanguardia, Javier Godó, y el resto de los inculpados en la causa tienen la obligación de presentarse ante el juez periódicamente. En este sentido, fuentes judiciales precisaron que si el ex coronel y El Lobo son puestos en libertad, se hará de forma que quede garantizada "su disposición" ante el juzgado y también su seguridad. Este último aspecto preocupa sobre todo en el caso de El Lobo, un topo infiltrado en ETA en los años setenta.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el juzgado garantizará el secreto de las conversaciones que contienen las grabaciones ilegales, la mayoría de ellas captadas en los teléfonos de Godó -que contrató los servicios de El Lobo y del ex coronel- y en algunos de los despachos de La Vanguardia. Ante el juez declaró ayer voluntariamente otro de los inculpados, José Manuel Trujillo, socio de la empresa General de Consulting y Comunicación, que sirvió de tapadera a las escuchas ilegales.