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Tribuna:LA CRISIS DE BANESTO
Tribuna
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El sabor del riesgo

La intervención del Banco de España en la crisis de Banesto muestra, afirma el autor, que los defensores del Estado de derecho, de las reglas y de la democracia tienen más y mejores recursos que la famosa mano invísíble para corregir los desastres del libre mercado.

Si alguna duda podía existir sobre la precisión, el acierto y la justificación de la intervención del Banco de España en Banesto, ésta quedó definitivamente eclipsada gracias a la comparecencia de Mario Conde. Aun concediendo cierto grado de tanteo técnico en las respectivas cifras aportadas, el fondo del asunto, el "agujero negro de gestión fraudulenta", quedó meridianamente claro. En estas condiciones, lo que importa ahora, desde un punto de vista de política financiera, o mejor de política tout court, es qué debemos hacer mañana. El escaso espacio disponible me obligará a ser casi apodíctico y a enumerar prácticamente sin argumentar las siguientes proposiciones:1. La intervención del Banco de España muestra cómo los defensores del Estado de derecho, de las reglas y de la democracia tenemos mas y mejores recursos que la famosa mano invisible para corregir los desastres del libre mercado. Este Gobierno y este gobernador, cantores del libre mercado, líricos de la iniciativa privada y a la vez ridículos detractores de lo público, han tenido que echar mano -y han hecho bien- del instrumental público para atajar y sajar el absceso en Banesto.

2. Los objetivos y prioridades a contemplar deberían ser, y por este orden preciso: los depósitos de clientes; el sistema general de pagos; la bondad, fortaleza y saneamiento del sistema financiero español en su conjunto; garantizar los puestos de trabajo y el fondo de pensiones de los empleados de Banesto; fijar el valor contable de las acciones de Banesto tal como reclaman los cánones, las leyes (Ley de Sociedades Anónimas) y la elemental práctica del mercado libre.

3. Abundando en lo ya previsto en la segunda directiva bancaria de la: UE, deberá trazarse una línea que "brille más que el sol" entre lo que sean aportaciones y dotaciones que provengan del mercado -bancos y cajas- y las que procedan del sector público, esto es, del bolsillo de los contribuyentes (fondos y créditos del Banco de España; del Fondo de Garantía de Depósitos -FGD-, posibles beneficios fiscales). Las dotaciones en dinero público deberán inexcusablemente transformarse en poder accionarial público, que pesará justamente lo que valga (ni más ni menos), para decidir sobre el futuro de Banesto. Por muchas vueltas que se le quiera dar, este futuro se reduce básicamente a tres opciones: a) Integración en Argentaria ampliando el segmento de banca pública en España (recuérdese que, mientras la media de la CE está en un 30% de banca pública, en España este segmento sólo representa el 11%). b) Participación pública en el accionariado del nuevo Banesto. c) Venta de la participación pública al resto de compradores (bancos y cajas) de Banesto, si esta eventualidad es la finalmente resultante.

4. La gestión de Mario Conde y su consejo de administración debe ser sometida al más riguroso análisis por las autoridades competentes para despejar responsabilidades mercantiles, penales y fiscales si las hubiere.Este análisis debe clarificar dudas al menos respecto de: autocartera oficial y real; créditos a empleados para compra de títulos; situación de empresas participadás ubicadas en paraísos fiscales; venta, aparcamiento y garantías de recompra de paquetes accionariales de Banesto o empresas participadas; elusiones fiscales; participación directa o indirecta en empresas de medios de comunicación.

5. El punto menos brillante en la acción de la Administración en sus deberes de control y vigilancia del sistema financiero está en la autorización por la CNMV y el Banco de España de la macroampliación en tres tramos del capital de Banesto en el verano de 1993. La más puntual y exhaustiva de las explicaciones debe ser puesta sobre la mesa por Croissier, y obrar después en consecuencia.

6. La brusca y masiva venta de acciones de Banesto del 28 de diciembre debe ser objeto de análisis riguroso para descartar y denunciar, si la hubo, información privilegiada. Asimismo, las "dificultades informáticas" para mostrar cabalmente la evolución del riesgo crediticio del banco incurrirían, de ser ciertas, en una vulneración de la obligada "imagen contable fiscal" que prescriben determinados artículos de la Ley de Sociedades Anónimas. La dilucidación de este extremo es de la mayor importancia.

Finalmente, a modo de obligado y comprimido resumen cabe decir lo siguiente:

Los felices ochenta, con su bobalicona beatería hacia la economía y la ingeniería financiera, en detrimento de la dura y paciente economía industrial y de servicios, acaban con unos magníficos fuegos de. artificio de los que KIO y Banesto parecen ser, por ahora, la mascletá final.

Este Gobierno, que desde unas supuestas maduras tanto ha impulsado la privatización y la privacidad, deberá ahora saber estar a las duras y defender una estricta solución privada -de mercado- para Banesto. Y esto no se reclama desde ningún presupuesto judeo-cristiano de redención de la culpa y el pecado mediante la penitencia, sino apelando simplemente a la coherencia. El sistema financiero español es fuerte y sano. Tiene un segmento privado (90%) y uno público (Argentaria, 11%). Dentro de uno u otro la solución es posible y practicable.

Tanto si la solución es privada (reflotación, compra, troceo) como si es pública (ampliación del segmento bancario público), debe responder a la prudente y sabia costumbre de no mezclar nunca los vicios. privados con las públicas virtudes.

Se argumentará hasta la saciedad y se utilizará desde los grandes accionistas (M. Conde, J. P. Morgan i tutti cuanti) hasta los pequeños accionistas como escudo para evitar la ineludible operación. acordeón. Se reclamará la utilización de fondos públicos para sanear el banco, evitar la reducción a cero o una peseta del valor de las acciones, en un nuevo ejemplo del furor de los conversos a la bondad de la economía intervenida. Pero desde la defensa del interés público, del interés de la mayoría, deberemos ser justos y consecuentes. Deberemos recordarles que la compra de acciones implica siempre una apasionante dualidad entre beneficio y riesgo, y que ésta es, precisamente, la quintaesencia de la economía de mercado.

Cuántas veces no habremos oído cómo el vivere pericoloso del accionista era mucho más excitante que el aburrido horizonte del inversor en renta fija. A los accionistas, a los trabajadores accionistas, sólo cabe recordarles que para eludir el azar del riesgo existe la seguridad de la deuda pública de un Estado democrático de derecho.

La libertad de elección es innegable, pero el inversor diligente debe saber elegir, igual que ante un puesto de helados, entre el sabor del riesgo y el sabor de la deuda pública. Galbraith diría en palabras altisonantes que éste es el riesgo de la libertad. También podría ser una cuestión de gustos.

Ramón Espasa Oliver es diputado de IU-IC, titular de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados.

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