Jueces conservadores abogan por el cumplimiento íntegro de las condenas

Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, declaró ayer que las penas se deben cumplir íntegramente en la mayoría de los casos y abogó porque los beneficios penitenciarios sean aplicados por los tribunales de forma individualizada, informa Europa Press.Rodríguez Arribas contestaba así al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, quien ayer se mostró partidario de que en determinados tipos de delitos -concretamente los de terrorismo, tráfico de estupefacientes y agresiones sexuales con resultado de muerte- sean los tribunales los que determinen si se debe cumplir o no la totalidad de la condena impuesta. Estas declaraciones de Belloch en Bilbao suponen un giro respecto a los postulados de su antecesor en el cargo, Tomás de la Quadra-Salcedo, que defendía que las medidas de reinserción debían ser decididas por el Gobierno.

"Si se piensa que van a ser los propios tribunales sentenciadores los que van a determinar en qué casos se va a cumplir la totalidad de la pena y en qué casos se van a aplicar los beneficios penitenciarios", argumentó el magistrado, "resultará difícil de compaginarlo con el principio de igualdad porque no se puede conocer anticipadamente cuál va a ser la evolución del tratamiento del penado y tampoco se puede establecer entre las sentencias cuál va a ser la reducción que sufrirán".

Rodríguez Arribas también se mostró partidario de que algunos terroristas con delitos de sangre puedan salir anticipadamente de la prisión. "Estoy de acuerdo, porque lo dice la Constitución, que la principal finalidad de la pena es la resocialización del delincuente aunque también tenga otros componentes y otros fines". "Lo importante", añadió el presidente de la APM, "es conseguir que la persona que ha cometido un delito esté en condiciones, en un tiempo razonable, de volver a vivir honradamente en libertad".

Por último, Rodríguez Arribas consideró "impensable y disparatado" que un juez participase en conversaciones con miembros de ETA, porque "los criterios políticos no deben nunca influir en la decisión de los jueces".