Próximo juicio contra el BCA por presiones y amenazas a 40 empleados
El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, Ramón Sáez Valcárcel, ha ordenado la apertura de juicio oral contra seis directivos del Banco de Crédito Agrícola, acusados de un delito contra la Administración de Justicia y otro contra los derechos de los trabajadores, consistentes en una serie de presiones y amenazas sobre 40 empleados, para lograr que desistieran de una reclamación salarial.
El juez ha exigido cinco millones de pesetas de fianza, por las indemnizaciones que se les pudieran imponer. El juicio -que se encuentra pendiente de fijación de fecha por el juez de lo Penal- dilucidará las responsabilidades penales de los seis directivos del banco implicados, según la acusación del Ministerio Fiscal y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y la investigación realizada durante más de un año por el juez de instrucción, quien escuchó a los acusados y a los empleados afectados y recabó informes de la Inspección de Trabajo.El juez considera aplicable el artículo 325 bis del Código Penal, que castiga con penas de hasta seis años de cárcel a quien "con violencia o intimidación intentare que un denunciante o parte ( ... ) en un procedimiento, se retracte de su denuncia o desista de la acción... ".
Asimismo, cree aplicable el artículo 499 bis del mismo cuerpo legal, que impone hasta seis meses de cárcel y multa de cien mil a dos millones de pesetas al que, "usando de maquinaciones o procedimientos maliciosos imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales o convenios colectivos sindicales".
La investigación permitió averiguar que en octubre de 1992, 40 trabajadores demandaron al Banco de Crédito Agrícola, al que reclamaron diferencias salariales, a raíz de una resolución judicial que declaró la existencia de discriminación retributiva entre los trabajadores eventuales y temporales. Ante la noticia de tales reclamaciones, se reunieron el director general del banco, Manuel Lorente Martínez; el subdirector general, Manuel Oños Caro; el jefe de personal, Celso Rodríguez Suárez, y el director de Recursos Humanos, José Carlos Bragado Alfageme.
Los reunidos decidieron citar personalmente a cada demandante, para lograr "que desistieran de sus pretensiones". Así se hizo con 17 de ellos, mediante entrevistas individuales y sin testigos en las que los directivos mostraron su descontento a tales empleados, les recordaron los préstamos privilegiados obtenidos del banco y la posibilidad de que tuvieran que abandonar el empleo.
El juez de instrucción estima que tales encuentros inquietaron "a todo el colectivo de trabajadores afectados", 24 de los cuales desistieron días después, mientras que 16 "resistieron las presiones del banco y continuaron con su acción judicial". En la víspera del juicio laboral, el jefe del área técnica del banco, Luis Matute Butragueño, convocó a tres de los demandantes para convencerles de que desistieran de su acción judicial.
