Derecho a la huelga, derecho al trabajo

Si tuviera que definir en breves palabras mi posición personal ante la huelga general convocada por los sindicatos, sería la siguiente: que el 27 de enero todos, empresarios y trabajadores, hagamos única y exclusivamente lo que nuestra conciencia nos dicte, ejerciendo libre y voluntariamente el derecho que prefiramos: el derecho a la huelga o el derecho al trabajo.A partir de ahí, todo lo que vaya en contra del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos será necesariamente negativo: los piquetes "informativos", las intimidaciones, los insultos, las coacciones, el incumplimiento de los servicios mínimos de transporte, los sabotajes con silicona y demás armas que figuran en la panoplia de los sindicatos para hacer triunfar por la fuerza una convocatoria de huelga deben ser rechazados, y corresponde a los poderes públicos velar por que así sea.

Si se cumpliera mi deseo expresado de que cada uno pueda ejercer su derecho ciudadano, cosa que dudo porque no ha sucedido así en convocatorias anteriores, el resultado de la huelga general es perfectamente previsible: según todas las encuestas efectuadas, casi el 70% de los asalariados y la práctica totalidad de empresarios y autopatronos no piensan participar en ella. Datos lógicos, por lo demás, ya que la reforma laboral, que ha desencadenado la huelga general, ha sido aprobada en el Parlamento con los votos favorables del 93% de los representantes de la soberanía nacional, y cuenta asimismo con el apoyo de los organismos internacionales, las organizaciones de empresarios, los inversores nacionales y extranjeros, etcétera.

Otra consideración es cuál va a ser el efecto de la huelga sobre la economía. Si tuviera un seguimiento masivo, costaría más de 276.000 millones de pesetas, tanto a los trabajadores que participasen en ella como a los empresarios, por los bienes dejados de producir. Este cálculo es sencillo.

Más complicado es, sin embargo, medir el desastroso efecto de la huelga general sobre la confianza de los mercados financieros en la divisa española, o sobre la confianza de los inversores que pueden tomar decisiones de crear empleo en nuestro país, o sobre el necesario clima de concordia para superar la coyuntura de crisis. El efecto es demoledor, sobre todo cuando se ha usado y abusado de esta práctica sindical.

Las huelgas generales no son moneda corriente en Europa. En cada país se viene a producir una cada cincuenta años. En España ha habido cuatro en los últimos ocho años. Hubo una en 1985 por la reforma de las pensiones. Otra en 1988 por el Plan de Empleo Juvenil. Otra en 1992 por la reforma de un mercado de trabajo, que nos ha puesto a la cabeza del mundo desarrollado en desempleo.

Visto de una manera retrospectiva, se puede decir que en 1985 y 1992 las huelgas generales no tuvieron éxito, ni de movilización ni de resultados, ya que tanto la reforma de las pensiones como la del subsidio de desempleo siguieron adelante (menos mal, añadiría, porque si no ya estarían en quiebra tanto la Seguridad Social como el Inem). Sin embargo, el 14-D de 1988 sí tuvo éxito de seguimiento y consiguió plenamente su objetivo: paralizar el Plan de Empleo Juvenil. Además, incrementó el gasto público e hizo imposible cualquier política de rentas razonable.

Fue, en suma, uno de los factores que hoy explican la crisis que nos aqueja. Y, por su puesto, al dinamitar el Plan de Empleo, Juvenil, el 14-D contribuyó a que hoy estén parados 25 de cada 100 españoles (proporción que llega al 40% entre los jóvenes). Precisamente ahora uno de los puntos clave de la reforma laboral es resucitar el Plan de Empleo Juvenil a través de los llamados "contratos de aprendizaje". ¿Volveremos a permitir que unos sindicatos insolidarios y cegatos vuelvan a oponerse a cualquier reforma que nos saque del atolladero actual?, ¿volveremos a sufrir la coacción sindical de suerte que hagan la huelga trabajadores y empresarios que no quieren sumarse a ella?, ¿volverá a ser hollado el derecho al trabajo? Buena parte de estas respuestas ha de darlas el Gobierno, que es el responsable de garantizar los derechos ciudadanos.

En lo que toca a los empresarios, las recomendaciones de la CEOE coinciden con las opiniones que reflejan las encuestas: los empresarios y autónomos no quieren seguir la huelga. Si luego lo hacen, habrá que atribuirlo a la amenaza y a la coacción de esos "miles de piquetes" que, según los sindicatos, recorrerán las ciudades. En cuanto a los trabajadores, tienen el derecho a entre la huelga o trabajar. Directamente han manifestado su deseo mayoritario de trabajar. Indirectamente, hace muy poco han votado a representantes democráticos que se comprometieron a hacer la reforma laboral. Yo sólo pido una cosa, e incluyo a empresarios: que les dejen elegir libremente.

Creo que todos compartimos una idea: si algún derecho puede estar en peligro el próximo 27 de enero, éste no es el derecho de huelga, sino el derecho al trabajo. De entrada, los sindicatos quieren fijar servicios mínimos según un proyecto de ley de huelga que no ha entrado en vigor, haciendo caso omiso de las leyes vigentes. Además, han anunciado la actuación de multitud de piquetes "informativos".

¿De qué van a "informar" si todos los españoles se han enterado ya de la convocatoria de huelga y de sus motivos?, ¿y por que, si son realmente "informativos?', no hacen ese trabajo en los días previos a la huelga y no el día que se produce? Todos estos factores pueden influir en que no se ejerza el derecho al trabajo, que, volvamos a recordarlo, es el mayoritariamente elegido por los españoles según todos los sondeos.

Yo solamente pido que este derecho se respete, que las autoridades lo garanticen y que los empresarios den a los asalariados la oportunidad de ejercerlo, abriendo sus empresas el día 27 de enero. Nos jugamos la reforma de un marco laboral que nos ha llevado a una situación catastrófica. Nos jugamos la inserción laboral de cientos de miles de jóvenes y nos jugamos, sobre todo, la supremacía o la vulneración del Estado de derecho. No es poco.