Un juez de Badalona admite a trámite la primera querella contra PSV y UGT
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badalona ha admitido a trámite una querella contra la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), UGT y su secretario general, Ni colás Redondo, por apropiación indebida y estafa, presentada por un grupo de cooperativistas de esta localidad. Ésta es la primera acción por vía penal contra la cooperativa del sindicato UGT que se realiza en España.
El titular del Juzgado, Rafael Losada, ha encontrado indicios de criminalidad en las actuaciones de PSV, que debía haber construido un centenar de viviendas en terrenos del polígono Montigalá-Batllória de esta ciudad del cinturón industrual de Barcelona.El pasado 22 de diciembre 91 de los cerca de 200 afectados en Badalona por la crisis de PSV presentaron una querella criminal por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida de bienes contra los responsables de esta cooperativa, el grupo IGS y la UGT.
Los afectados han pagado una media de cuatro millones de pesetas por unas viviendas que todavía no han empezado a construirse. PSV, de UGT, y Hábitat Entorn, la cooperativa de viviendas de CC OO de Cataluña, iniciaron la promoción de viviendas en terrenos de Montigalá comprados a la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. La promoción de viviendas llevada a cabo por Hábitat Entorn está prácticamente acabada.
Pero en el caso de PSV-UGT, la Mancomunidad ha iniciado los trámites administrativos para rescindir el contrato de compra-venta de los terrenos de Badalona. La Mancomunidad, gobernada por una coalición de izquierdas en las que los socialistas son la primera fuerza, ha decidido llevar a cabo esta acción porque PSV no ha acabado de pagar los terrenos y adeuda todavía 60 millones de pesetas a la entidad metropolitana.
Manifestación
La Mancomunidad de Municipios está dispuesta a realizar la promoción de las viviendas si recupera los terrenos. En el pleno de la Mancomunidad, celebrado el 30 de diciembre, se aprobó el envío de un requerimiento notarial a PSV para que pague la cantidad adeudada. Si en el plazo de dos meses la empresa no hace efectivo el pago, se rescindirá definitivamente el contrato y esta institución recuperará todos los derechos sobre el solar.El próximo 23 de enero está prevista una manifestación convocada por la coordinadora de perjudicados de todo el Estado que se hará simultánea mente en Barcelona y Madrid. La semana que viene los abogados que en todo el país llevan los casos de los cooperativistas afectados se reunirán en Madrid.
Hasta ahora, los afectados de PSV en Cataluña habían llevado a cabo acciones judiciales de tipo civil, presentando demandas de reclamación de cantidad. Sin embargo, el propio secretario general de UGT de Cataluña, José Álvarez, alentó a los cooperativistas afectados a presentar denuncias contra los gestores de PSV e IGS, en una tormentosa asamblea celebrada hace dos meses en la sede central del sindicato en Cataluña.
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