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CONSEJO DE MINISTROS

El salario mínimo aumenta en un 3,5% y se completan las medidas de reforma laboral

El Consejo de Ministros completó ayer el paquete de medidas de la reforma laboral. Aprobó seis normas, de las que sólo una, la nueva normativa de elecciones sindicales, ha sido pactada con los sindicatos. Las que reforman el despido, la negociación colectiva o el reglamento de los contratos de aprendizaje y fijan en un 3,5% la revalorización de las pensiones para 1994 cuentan con el rechazo de las centrales y son el detonante de la huelga general del 27 de enero. Tampoco ha habido consenso para la subida del salario mínimo interprofesional, que se incrementa en un 3,5%, la cifra propuesta por el Ejecutivo.

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La reunión del Gabinete de ayer tuvo un marcado carácter económico. El Gobierno aprobó las normas pendientes de la reforma laboral, entre ellas un anteproyecto de ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores en los capítulos referidos al despido y la negociación colectiva. A él se incorpora una norma sobre elecciones sindicales, pactada con las centrales mayoritarias en el único consenso logrado en el proceso de diálogo mantenido desde el pasado mes de agosto.Un segundo anteproyecto de ley legaliza las empresas de trabajo temporal. Además, el Gobierno aprobó el reglamento que da vía libre definitivamente a la creación de los contratos de aprendizaje y modifica las relaciones a tiempo parcial y en prácticas. Y dio luz verde a la norma que establece el cuadro de los distintos tramos de pensiones de la Seguridad Social para el próximo año.

Incremento de pensiones

La subida a partir del 1 de enero de todas las pensiones, tal como establecen los Presupuestos Generales del Estado, será del 3,5%, y se acompaña de una cláusula de revisión que se aplicará si la inflación real es superior a la prevista -el 3,5%-. Esa cláusula de garantía recoge la fórmula propuesta por los sindicatos, aunque no se logró un acuerdo total en las negociaciones con el Gobierno por algunos flecos. El gasto total de pensiones en 1994 ascenderá a 5,8 billones de pesetas, un 8,6% superior al de este año. La cuantía de la pensión máxima del sistema público será de 254.140 pesetas mensuales, equivalente a 3.557.960 pesetas anuales.

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El salario mínimo interprofesional (SMI) para 1994 sube en un 3,5%, frente al 6,5% propuesto por las centrales, que pedían la recuperación del poder adquisitivo perdido en años pasados. El SMI para los trabajadores mayores de 18 años se fija en 60.570 pesetas mensuales y 847.980 pesetas al año. Para los menores de 18 años será de 40.020 pesetas mes y 560.280 pesetas año. Los eventuales mayores de 18 años tendrán una retribución de 2.870 pesetas por jornada y los menores de 18 años, 1.896 pesetas.

El ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, dijo tras finalizar el Consejo de Ministros que, con ese paquete de medidas de reforma laboral, se pretende que "todo empleo posible se convierta en una realidad". El Gobierno espera que las medidas aprobadas ayer tengan en el Parlamento un respaldo similar al logrado el martes pasado por la reforma de la contratación laboral -superior al 90%- En caso de que se pueda lograr algún tipo acuerdo con la patronal o con los sindicatos, se incorporará a los textos remitidos al Congreso.

Griñán insistió ayer de nuevo en el deseo del Gobierno de que se consiga un pacto de rentas para los próximos años, aunque no tomarán ninguna iniciativa más allá de lo que decidan la patronal y los sindicatos, porque a ellos corresponde "la responsabilidad" de negociar los convenios.

Para completar el paquete de medidas aprobado ayer, sólo está, pendiente un reglamento que desarrolla la reforma de la contratación laboral. Se trata de la creación de subvenciones para las empresas -fundamentalmente pequeñas- que contraten parados con prestación de desempleo.

José Antonio Griñán precisó ayer que el Gobierno pretende que esas iniciativas cuenten con el mayor consenso posible de los partidos políticos y estudia a qué colectivos deben afectar esas ayudas y qué tipo de medidas se ponen en marcha para que los recursos destinados al desempleo se conviertan en políticas activas de empleo.

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