Un puyazo que no duele

La Delegación del Gobierno en Madrid ha impuesto multas de escasa cuantía a 10 localidades por incumplimientos diversos en sus festejos taurinos del verano. Y si escandalosos resultaron algunos de aquellos hechos, también lo son estas sanciones testimoniales.Los pueblos que maltrataron a la reses, permitieron una duración brutal de los encierros o incumplieron sus obligaciones administrativas, sabrán ya a estas alturas que todo se arregla incrementando el presupuesto en no más de un millón de pesetas (y eso en el peor de los casos: Navalcarnero). Sorprende, además, la ausencia de algunas localidades en esa relación. El delegado, Arsenio Lope Huerta, socialista, no ha firmado aún sanción alguna contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que dirige su compañero de partido José Quintana. Allí los encierros se prolongaron durante horas, las vallas de protección estuvieron abarrotadas de gentes expuestas al peligro y un toro llegó a embestir un niño.

Aún no se habrán borrado de la memoria de miles de ciudadanos las imágenes de la plaza de toros de Torrelaguna emitidas por Telemadrid. Hace dos veranos un joven murió allí a causa de la cornada de un novillo. En todo el coso no había ni un capote que le librara del ensañamiento de la res, que lo volteó repetidamente y acabó rematándolo. El director de lidia -figura fijada en el reglamento taurino- ni siquiera había aparecido. Pues bien, aquello no ha sido causa de sanción alguna..

El sentido común, la sensibilidad hacia los animales y la seguridad de los ciudadanos exigen el cumplimiento de las normas. Pueden cuestionarse las corridas de toros, pero -aun dentro de un asunto tan apasionadamente debatido- es un hecho que las normas tienden a limitar el daño que se inflige al animal en la lidia. La tortura de horas a las vaquillas y la falta de seguridad para la población son cuestiones radicalmente distintas y siempre condenables.

El Gobierno regional de Madrid debe asumir mayor capacidad de decisión para sancionar y gestionar este capítulo, competencias cuyo traspaso espera desde hace tiempo. Máxime si las sanciones que puede firmar el delegado del Gobierno en Madrid no superan el millón de pesetas (el tope son 25 millones, pero tales multas debe suscribirlas el ministro del Interior).

Mientras no se eleven las sanciones, los alcaldes pagarán su barata cuota de animaladas y se evitarán problemas con los más vehementes del lugar. Años de protestas han creado cierta sensibilización en la opinión pública. Pero no es suficiente. El mal trato a los animales y la absurda, insensata y brutal diversión de algunos mozos -las peores tradiciones de la España negra- no pueden figurar en el capítulo de gastos subvencionados.